La observación número 6 de la Contraloría General de la República (CGR), que la intervención de Asunción analizó, da cuenta de que en el ejercicio fiscal 2023, la Municipalidad de Asunción suscribió contratos para la construcción del desagüe pluvial de la cuenca Itay (San Pablo) y Lambaré (Mercado de Abasto) a ser financiados con los bonos G8, pero por monto distinto a lo establecido en el proyecto de inversión aprobado en la Ordenanza N° 28/2022.
El equipo de intervención, encabezado por el economista Carlos Pereira, solicitó documentos respaldatorios para el análisis, como, por ejemplo, una copia autenticada de los antecedentes de estimación de costos, utilizados para evaluar los llamados para las obras de desagüe.
El análisis realizado por el equipo interventor se fijó en el plan de inversión, el estudio de los procesos licitatorios que definen el costo final de las obras y la gestión financiera de los recursos de los bonos para pagar las obras.
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Entre los documentos citados por la primera parte del informe, se menciona el Memorando N° 52/2022, que expone 10 cuencas de desagüe pluvial junto con sus precios referenciales. El memorando indica que los precios de estos “pueden variar una vez concretado el proyecto ejecutivo”. En total, de acuerdo con el documento, estas obras suman G. 510.000 millones.
El informe de intervención expone que no hubo ningún proyecto ejecutivo de las cuencas antes de que se realizara la emisión del bono G8. Resalta que los montos del plan de inversión “carecen de rigor suficiente que justifique el gran compromiso financiero asumido por el Municipio para su financiamiento”.
Así se expone nuevamente la falta de previsión y el manejo improvisado del Municipio durante la era de Nenecho. El informe revela que el ex intendente emitió bonos sin contar con documentos técnicos rigurosos que permitiesen garantizar el correcto desarrollo de las obras que debían pagarse con los bonos que finalmente fueron desviados de forma completamente ilegal.
Dicha falta además sugiere que los préstamos solicitados por Nenecho, y que fueron avalados por la mayoría colorada de la Junta Municipal, se hicieron con dudosos fines, muy alejados de los objetivos expuestos en los documentos presentados ante los tenedores de bonos.
El informe del interventor, en este sentido, menciona por ejemplo que parte del dinero del bono G8 se desvió para realizar obras que debían financiarse con el bono G7.
“Posibles vicios en el proceso de contratación”
Siguiendo con el análisis de la observación 6 de la Contraloría, el informe cita el artículo 8 de la Ordenanza N° 28/22 de la Junta Municipal, que autoriza al Ejecutivo municipal a captar recursos financieros para construir desagües por valor de G. 360.000 millones. En el artículo 9 de la ordenanza se aprueba un anteproyecto de inversión que deberá ejecutarse con dicho préstamo. Este incluye las mencionadas diez cuencas.
La ordenanza indica que este préstamo está supeditado a la presentación de un plan ejecutivo de inversión, que podría incluir las cuencas listadas en el anteproyecto “según necesidad” y hasta el monto que alcanza el bono G8.
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El informe de intervención precisa que posteriormente a la ordenanza, en fecha 22 de octubre de 2022, se resuelve aprobar un plan de inversión con ocho cuencas de desagüe, eliminando las que corresponden a Bartolomé de las Casas y Aviadores del Chaco.
El informe también indica que el llamado a las obras de San Pablo y Abasto, y General Santos y Santo Domingo (las únicas que empezaron bajo la gestión de Nenecho), “fue adjudicado con montos superiores a los montos referenciales del plan de inversión” y que “hubo una incorrecta determinación de los precios referenciales que impacta y confunde, induciendo a posibles vicios en el proceso de contratación e ineficiencia en el gasto público”.
Las primeras incongruencias aparecen a partir del Plan de Inversión aprobado por la Junta según la Ordenanza 28/22. En un recuadro expuesto dentro del informe, se observa que el monto total proyectado para las obras alcanza G. 362.000 millones, unos G. 2.000 millones más en comparación con el monto total del bono G8.
Más adelante, se expone que las obras de desagüe de San Pablo y Abasto, y de General Santos y San Antonio, luego de pasar por el proceso de llamado a licitación, aumentaron de precio. El plan de inversión indicaba que el monto referencial de todas estas obras alcanza G. 192.000 millones. Tras los llamados, pasaron a costar G. 330.611.866.495, y tras las adjudicaciones, sumaron en total G. 250.866.675.778.
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En comparación con el plan de inversión original, este sobrecosto representa un aumento del 68,67%, en el caso de las obras de San Antonio y Gral. Santos y Santo Domingo (ID 440.909), y otra suba del 9,8%, en el caso de San Pablo y Abasto (ID 421.414).
“Se verifica que ambas licitaciones totalizan G. 250.866.675.778, lo cual representa alrededor del 69,7% de los G. 360.000.000.000 provenientes de los bonos. Además, abarcan 4 de los 8 ítems del plan de inversión”, indica el informe.
Comuna “no dispone de fondos suficientes” para seguir pagando por obras del G8
A casi tres años de que Nenecho realizara el préstamo para las ocho obras de desagüe, las obras aún siguen pendientes de pago y de ejecución. Por la obra de San Pablo y Abasto se pagaron G. 40.780.382.912, un 29,9%. Por la obra de General Santos, San Antonio y Santo Domingo, se pagaron G. 22.293.971.907, un 20% del total.
El informe indica, sin embargo, que el monto entregado a contratistas sumado a pagos de retenciones desde 2024 a junio de 2025, asciende a G. 63.719.354.820, por lo cual resta pagar G. 187.147.320.958.
Así se concluye que del total del bono G8 captado en primer lugar, G. 250.866.675.778 se comprometieron en licitaciones ya adjudicadas. Para el resto de las obras, apenas se dejó un remanente de G. 109.133.324.222.
Estos números, no obstante, distan de la realidad financiera del Municipio. Como se indica en el informe, el total de recursos del bono G8 que deben estar disponibles asciende a G. 296.280.645.180. Pero hasta el 23 de junio de 2025, la cuenta bancaria del bono apenas tiene G. 23.286.519, en tanto que el total de las cuentas bancarias habilitadas a nombre de la Municipalidad suman G. 37.450.432.198.
Esto “evidencia que la Municipalidad no dispone de los fondos suficientes para el cumplimiento de las obligaciones contraídas con las contratistas y aún por contraer en el marco de las emisiones del bono G8".
De hecho, la obra de la cuenca Itay (Abasto) ni siquiera se pudo pagar como corresponde, y se vio interrumpida por un proceso de avenimiento presentado por el Consorcio Pluvial Abasto, empresa involucrada en la obra.
Esta situación se dio por falta de pago de cuatro certificados de obra. “Las audiencias fueron requeridas por el Consorcio que con la interposición de este avenimiento se pretende lograr la suspensión del contrato por falta de pago”, dice el informe, y aclara que el objeto del avenimiento fue la suspensión del contrato por mutuo acuerdo.
Sistemática dilapidación y espacios grises de arbitrariedad
El sobrecosto de los cuatro proyectos de desagüe adjudicados en la era Nenecho, conllevan, de acuerdo con el informe, al “resultado de proveer recursos públicos a una sistemática dilapidación frecuente en nuestro medio, y que tiene como único objeto previsible generar un margen de arbitrariedad y discrecionalidad que el principio de legalidad administrativo expreso desde la Constitución (...) hasta en las leyes y normas de inferior rango (…) no admiten”.
Acerca de la administración del bono G8, el documento refiere incluso que la serie 2 (diciembre de 2022, G. 180.000 millones), emitida en diciembre de 2022, fue “totalmente innecesaria”, puesto que el llamado para la obra de General Santos, San Antonio y Santo Domingo se realizó casi un año y medio después de dicha serie.
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“Si bien la serie 1 (noviembre de 2022) podía financiar la mayor parte de la LPN ID 421.414 (San Pablo y Abasto) que fue aprobada en diciembre de 2022, se evidencia que ha sido totalmente innecesaria la emisión de la serie 2", refiere el documento.
Alega que por esta tardanza se incurrió en un pago innecesario de intereses por el préstamo, que a junio de 2025 suman G. 75.617.260.275, “teniendo en cuenta que se contaba con un plazo de 500 días a partir del registro del G8 para emitir la serie. Sumado al hecho de que los pagos se hicieron efectivos mucho tiempo después”.
Refiriéndose al sobrecosto, se indica además que se habrían fomentado “espacios grises de arbitrariedad administrativa en los procesos licitatorios”, lo cual implica “alimentar el potencial de discrecionalidad en los estamentos de gerenciamiento de los recursos públicos”.
