Ante el amplio cuestionamiento ciudadano, los concejales aliados de Nenecho se vieron obligados a aprobar el pedido de comparecencia, tras el escándalo de los G. 500.000 millones faltantes proveniente de créditos y las obras sin ejecución.
Obligaciones. En el artículo 52 de la Ley Nº 3966, Orgánica Municipal, se establece la asistencia obligatoria del Intendente a la sesión de la Junta Municipal, por lo menos cada cuatro meses, y las veces que el pleno o el propio jefe comunal crea conveniente.
“Nenecho tiene que ir a la Junta Municipal a dar explicaciones sobre el dinero de los bonos. Según informaciones es probable que no se presente. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar para saber dónde está la plata?”, cuestionó el edil Álvaro Grau (PQ).
El concejal señaló que seguirán insistiendo en caso de que no se presente.
En el artículo 68, de la citada ley, figura además que la Municipalidad estará obligada a proporcionar toda información pública que haya creado u obtenido, de conformidad al artículo 28 “Del derecho a informarse” de la Constitución Nacional, dentro del plazo que se les señale, el cual no podrá ser mayor de quince días.
Sin embargo, Nenecho lleva evadiendo varios pedidos de información. No contestó en el tiempo establecido a la Cámara de Diputados, a concejales, a activistas y a ciudadanos en general.
La próxima semana, el 2 de julio, la Intendencia debe contestar por orden judicial las solicitudes de información sobre el uso del dinero municipal, principalmente, sobre el manejo de los fondos provenientes de los bonos, que era para obras.
En dicha fecha se cumple el plazo tras el amparo presentado por Grau, mientras que el 8 de julio el que fue promovido por el abogado Ezequiel Santagada.
Está pendiente, además, el dictamen de la Contraloría General de la República, que anunciaron no llevaría un mes el proceso de análisis de las documentaciones municipales, que inició a principios de este mes de junio.
Nenecho y sus directores habían declarado que el dinero faltante de los fondos de bonos se destinó a gastos operativos, lo que generó cuestionamientos ante las prohibiciones de utilizar el crédito para obras en gastos corrientes, de acuerdo con Ley Orgánica Municipal y la de Financiamiento del Estado, que además se encuentran por encima de reglamentaciones.
