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Nativos vuelven a inmueble con medida cautelar, pero apeligran nuevo desalojo

Un grupo de indígenas retornaron este lunes a un inmueble de Caaguazú de donde habían sido desalojados. Si bien, cuentan con una medida cautelar para habitar el lugar, se encuentran en riesgo de ser víctimas de un nuevo desalojo.

Cerca de 50 familias indígenas de la comunidad Hugua Po'i, de la parcialidad Mbyá Guaraní, ingresaron este lunes a la Finca 1616, ubicada en la localidad de Raúl Arsenio Oviedo, del Departamento de Caaguazú, donde ya habían sido víctimas de un desalojo hace pocos días, bajo el riesgo de ser desalojados. Los indígenas retornaron debido a que obtuvieron una medida cautelar a su favor, pero a la espera de un nuevo acuerdo.

En contacto con Última Hora, Denis Centurión, uno de los líderes del grupo, señaló que decidieron volver al lugar ante la medida cautelar que les permite ocupar unas 1.021 hectáreas de la propiedad, cuyo título está registrado a nombre de la Sociedad Civil Tres Palmas, pero que asegura es un territorio ancestral del pueblo indígena.

Asimismo explicó que otro aspecto que los motivó a volver, pese a los reiterativos desalojos, es que estaban atravesando penurias y que tienen muchos niños que alimentar. Todo esto teniendo en cuenta que en el lugar pueden sustentarse de sus cultivos.

Supuesta invasión de indígenas.mp4

El dirigente indígena también indicó que son conscientes de que pueden ser desalojados del lugar, pero manifestó que esperan que el Gobierno pueda hacerse cargo y lograr un acuerdo con los propietarios del lugar.

En ese sentido, señaló que para este lunes tenían previsto mantener una mesa de trabajo con autoridades del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) para tratar el caso, pero aclararon que ningún representante del Estado se presentó.

“El Gobierno no se hace cargo y nos tiene abandonados. Nosotros tenemos muchos niños que alimentar. No nos queda de otra que seguir en la lucha por la tierra, porque es la única forma de que sobrevivamos. Ahora nos vamos a mantener en la finca hasta que lleguemos a un acuerdo”, sentenció Centurión.

Este lunes, cuando los nativos llegaron para ubicarse en el inmueble, agentes de la Comisaría 25ª Syryka de Caaguazú, de la Policía Nacional, intervinieron en el lugar sin que exista necesariamente un desalojo por las fuerzas del orden, informó Robert Figueredo, corresponsal de Última Hora.

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Posteriormente, se emitió un informe policial donde se hizo constar de una supuesta invasión y la Policía Nacional alegó que los indígenas entraron este lunes al mencionado lugar por el portón principal, tras romper el candado de seguridad, informó Robert Figueredo, corresponsal de Última Hora.

Asimismo, el informe señala que cerca de 20 miembros de la Federación Nacional Campesina (FNC) llegaron hasta el sitio, con el fin de acompañar a los nativos en su causa.

Al respecto, Teodolina Villalba, secretaria general de la FNC, explicó a Última Hora que tomaron la decisión de acompañar el proceso de reubicación de los indígenas, debido a que —así como los campesinos— llevan una larga lucha por la tierra.

Hace apenas 14 días, la comunidad indígena Hugua Po’i fue desalojada de la misma propiedad, en medio de una aparatosa intervención policial, con una gran dotación de alrededor de 300 policías fuertemente armados y con un helicóptero que llegaron al lugar para el segundo desalojo que sufre la comunidad en menos de un año.

Tanto los nativos como la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) denunciaron que se trató de un desalojo irregular, debido a que la orden que se utilizó fue emitida por un juez que no tiene competencia en la causa.

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Además de ser víctimas de una expulsión forzosa, los indígenas también fueron afectados con la pérdida de casas y cultivos.

Denunciaron que apenas abandonaron el lugar, varios tractores y camionetas ingresaron al predio y comenzaron a echar sus viviendas, se apropiaron de los materiales y destruyeron los cultivos.

El Indi había promovido una medida cautelar para que no se dé un desalojo a la fuerza, mientras se resuelve el caso y la Codehupy, por su parte, emprendió acciones jurídicas y administrativas para pedir que el Estado haga los estudios técnicos que permitan la delimitación del territorio ancestral.

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