08 dic. 2023

Nativos dejan Asunción y en Itakyry hay conflicto por reubicación

Indígenas de la comunidad Ka’a Poty, del pueblo Avá Guaraní, dejaron la Plaza de Armas de Asunción, luego de casi ocho meses. Volvieron a Itakyry tras dos desalojos. Sin embargo, sojeros denuncian que se reubicaron en un sitio equivocado y hablan de invasión.

 Ka'a Poty

El conflicto por tierras en el distrito de Itakyry se reavivó este fin de semana, luego del retorno de la comunidad indígena Ka’a Poty.

Foto: Edgar Medina

Al menos unos 50 indígenas Avá Guaraní, que habían sido desalojados de sus tierras y estaban acampando en la Plaza de Armas de Asunción desde noviembre del año pasado, regresaron el viernes al distrito de Itakyry, del Departamento de Alto Paraná.

Entre el Ministerio del Interior y la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Senadores, presidida por Miguel Kencho Rodríguez (FG), llegaron a un acuerdo para que los mismos sean reubicados en territorios titulados por el Indi donde no hay conflictos por la interposición de títulos.

El operativo se desarrolló con el acompañamiento del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) y la participación de la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia, una organización civil denominada Ava Añua y la Pastoral Indígena de la zona.

Los indígenas del pueblo Avá Guaraní y toda la delegación fueron trasladados en tres camiones de las Fuerzas Militares y en un bus de la Policía Nacional con personal uniformado.

Nota relacionada: Indígenas manifestados en Asunción volverían a sus comunidades este lunes

Confusión sobre reubicación

Sin embargo, ni bien llegaron al lugar las familias de la comunidad Ka’a Poty fueron denunciadas por los propietarios de sojales Abel Simões de Almeida y Vitor Mazzetto ante la Comisaría 28ª de Itakyry por la supuesta invasión a su propiedad y desacato a una orden judicial de amparo.

Hicieron constar en la denuncia que se ocuparon tres fincas, que totalizan 83 hectáreas, que son la finca N° 2632, padrón 2508; la finca N° 18252, lote 14 A fracción B manzana F, y la finca N° 1839, informó el corresponsal de Última Hora Édgar Medina.

Bruno Barrios, director de Auditoría Interna del Indi, quien encabezó la delegación, explicó a Última Hora que se presentó una confusión al llegar al lugar, porque la líder de la comunidad, Marta Díaz, aseguró que estaban en el sitio que se estableció en el acuerdo entre el Ministerio del Interior y el Senado.

“Ella dijo que ese era el lugar y ahí se bajaron fuera de mi voluntad”, acotó el funcionario del Indi.

Lea también: Indígenas presentan ante la ONU una denuncia al Estado

El funcionario señaló que se trataba de un territorio de producción totalmente mecanizada y que, mientras se verificaba, los indígenas de inmediato se instalaron en el predio.

Zona de cultivo mecanizado

Dijo que personas que estaban trabajando en el lugar con sus maquinarias se acercaron a él en ese entonces afirmándole que se había equivocado de ubicación y que el terreno tenía dueños.

Debido a que los avás ya habían levantado incluso sus carpas y las organizaciones civiles que participaron en el operativo insistieron en que el lugar era el que estaba delimitado en el mapa del acuerdo entre instituciones, no se pudo rever si estaban situados en el sitio correcto o no.

Sin embargo, Barrios se comprometió ante los trabajadores del lugar a solicitar las coordenadas exactas y les pidió no accionar judicialmente mientras resolvía el problema para este lunes.

Más detalles: Conflicto por tierras se reaviva en Itakyry

No obstante, el presidente del Indi, Omar Pico, ya viajó este sábado para tratar de resolver la situación.

La comunidad Ka’a Poty fue desalojada de sus tierras dos veces en cinco meses. En noviembre del 2021, sus líderes presentaron una denuncia contra el Estado paraguayo ante las Naciones Unidas y la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia por desalojo ilegal y violación de sus derechos fundamentales.

Más contenido de esta sección
La carta política que realizó el obispo de Caacupé, Ricardo Valenzuela, estuvo cargada de críticas hacia el Gobierno sobre temas de salud, educación, corrupción, pobreza e inseguridad. También hubo un llamado a la ciudadanía para involucrarse en la política y promover cambios positivos.
El obispo de Caacupé, Ricardo Valenzuela, habló en su carta al pueblo sobre el polémico proyecto de ley de jubilaciones y pensiones, que movilizó esta semana a la ciudadanía. Dijo que el fondo jubilatorio debe permanecer “cerrado”, teniendo en cuenta que hay mucha preocupación sobre “lacras” que actúan para beneficios personales.
El presidente Santiago Peña y su comitiva integrada por ministros y otras autoridades fueron escrachados en Caacupé por un hombre que no desaprovechó la oportunidad para elevar su voz de protesta en contra de la polémica ley de superintendencia de jubilaciones y pensiones.
En su carta política, el obispo de Caacupé, Ricardo Valenzuela, aprovechó la presencia de autoridades para reclamarles el cumplimiento de sus promesas electorales, especialmente para responder a los problemas de hambre, enfermedad, falta de empleo digno e inseguridad. En general, se refirió a una política económica razonable “para estar mejor” y no peor, en alusión a la campaña presidencial de Santiago Peña.
El obispo de Caacupé, Ricardo Valenzuela, utilizó la figura de la Virgen María para ilustrar la importancia de orar por la familia, por los enfermos, por los gobernantes “para que se conviertan en instrumentos”, por la educación y por la alarmante ola de violencia contra las mujeres.
El obispo Ricardo Valenzuela destacó el poder de la oración durante su homilía en la misa central en honor a la Virgen de Caacupé. En un momento, instó a los feligreses a orar por buenos gobernantes. “Cuando los malvados gobiernan, la gente sufre”, afirmó.