Tras haber sido desalojados de sus tierras dos veces en cinco meses, la comunidad indígena Avá Guaraní de Ka’a Poty presentó una denuncia contra el Estado paraguayo ante las Naciones Unidas y la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia por desalojo ilegal y violación de sus derechos fundamentales.
Esta mañana, a las 7:30, realizan una conferencia de prensa en la Plaza de Armas, frente al Congreso Nacional, donde se encuentran acampando tras el segundo desalojo en Itakyry, Departamento de Alto Paraná, el pasado 4 de noviembre, a pesar de contar con una medida cautelar.
“Como comunidad hemos hecho público formalmente nuestro caso ante las Naciones Unidas y la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia a nivel local a fin de dar a conocer lo que está pasando con nosotros. Actualmente queda en manos del Poder Judicial librar los nuevos oficios para el cumplimiento de este Auto Interlocutorio N° 258 y urgir la restitución de nuestra comunidad que se encuentra en situación muy vulnerable en Plaza de Armas”, informaron en un comunicado.
Recordaron que habían logrado una medida cautelar de urgencia de la jueza Alejandra Magalí Zavala.
“Sin embargo, pese a esta orden judicial, el Ministerio del Interior y la Policía del Alto Paraná desacataron esta orden y nos desalojaron de nuestras tierras... Manifestamos públicamente la imperiosa necesidad de volver a nuestras tierras y poder reconstruir por tercera vez nuestras casas, nuestros cultivos que fueron destruidos y que el Estados paraguayo repare todos los daños cometidos a la comunidad”, manifestaron los indígenas de la comunidad Ka`a Poty.
Otro desalojo, ahora en Capiibary
La Organización de Lucha por la Tierra (OLT) denunció en redes sociales que hoy se dio otro nuevo desalojo a la comunidad 26 de Febrero del distrito de Capiibary, Departamento de San Pedro, donde resultaron afectadas unas 300 familias.
Los campesinos señalan que las tierras son del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), supuestamente donadas por el Banco Nacional de Fomento, pero sin mensura judicial, reclamadas por un colono brasileño, a quien acusan de fumigación ilegal de agroquímicos para sus sojales.
Sin embargo, el Indert se desentendió del caso, emitiendo un comunicado donde expresa que las tierras no le pertenecen y que son efectivamente propiedad privada, por lo que el ente desestimó por resolución el expediente de la citada comunidad.
