10 sept 2026

Mujer denuncia que un funcionario de Puertos le quiere sacar la casa por deuda de G. 20 millones

María Cristina Meza (68) se encuentra desesperada porque está por perder su casa, luego de haber hecho un préstamo con presuntos usureros. Ahora, ella denuncia ante la Comisión de la Mafia de Pagarés en el Senado que entre los que accionan para desalojarle está un funcionario de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).

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María Cristina Meza, víctima de usureros.

Foto: Captura

La mujer, oriunda de la ciudad de Lambaré, recordó que el caso comenzó ya hace casi 20 años. Fue en el 2008 que ante la desesperación de la enfermedad de su hijo, ella accedió a un préstamo de G. 10 millones con unos supuestos usureros, que son Víctor Hugo Brugada Schaerer, Vicente Orlando Prieto y Alejandro Daniel Aquino Bernal, este último el funcionario de la ANNP.

Ella denuncia que le hicieron firmar de noche un documento en una escribanía, y que en todo momento pensó que se trataba de la firma de una hipoteca, pero ahora descubre que fue la transferencia de la propiedad.

“Me acerqué al señor Alejandro Aquino con la intención de prestar 10 millones de guaraníes en plan de hipoteca, pero ellos mi hicieron firmar una transferencia”, relató María Cristina, contó la mujer.

Ella terminó de pagar G. 20 millones del préstamo en el 2010, pero ahora por una cuenta ya saldada, la víctima está por perder todo lo que construyó con su familia con mucho esfuerzo.

Inician acciones judiciales

Como ella ya no tenía el dominio del inmueble, este se traspasó varias veces hasta recaer en Alejandro Daniel Aquino Bernal, quien promovió acciones judiciales de desalojo en dos oportunidades.

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La primera demanda no pudo ejecutarse, ya que no incluyó a todos los ocupantes de la casa, entonces inició un nuevo juicio de desalojo, que sí ya avanza contra el total de los habitantes y se espera que se emita una orden para ser efectivizada por la Policía y un oficial de justicia.

La propiedad en el 2008 tenía un valor de entre G. 300 millones y G. 400 millones, frente a los G. 20 millones que era la deuda real.

Pide justicia

María Cristina recurrió a la Fiscalía para denunciar estafa, pero quedó en la nada, ya que los hechos prescribieron.

“Hace más de 70 años que mis padres vivían en esa casa, yo nací ahí, mis hijos nacieron ahí y ahora me quieren robar mi casa”, lamentó la mujer.

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