Mediante la resolución firmada por el fiscal adjunto Roberto Zacarías, fueron designados los fiscales Abelino Bareiro, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico con sede en Saltos del Guairá; Óscar Paredes, de la Unidad Penal de Katueté; Sonia Sanguinés, de la Unidad de Derechos Humanos, y Carlos Alejandro Cardozo, de la Unidad de Lucha Contra el Narcotráfico y Crimen Organizado.
Todos ellos estarán bajo la dirección del fiscal Abelino Bareiro y la coordinación del fiscal adjunto Diego Arzamendia en las dos causas.
Por nota del fiscal adjunto Diego Arzamendia, responsable del Departamento de Canindeyú, solicitó la conformación de un equipo de trabajo para la intervención en las dos causas abiertas.
Señala que existe la causa 534/2026, “Ministerio Público en averiguación sobre supuesto hecho punible contra la vida y otros” (víctimas: Antonio Carrillo y Catalino Correa), y la causa 535/2026, caratulada: “Ministerio Público contra Bruno López Ortiz y otros sobre transgresión a la Ley 7411/24 y otros”.
Ambas actualmente son tramitadas ante la Unidad Penal 1, de Katuete a cargo del agente fiscal Óscar Paredes.
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Sostienen que por los principios de eficiencia y optimización en la labor fiscal, es necesario disponer la designación de un equipo de trabajo con agentes fiscales de unidades especializadas para la intervención, por la naturaleza del caso.
También habla de la unidad de actuación del Ministerio Público, además de su misión de impulsar la investigación y dirigir la acción penal pública, por lo que arbitrará los medios necesarios para reunir los elementos de convicción en los casos que corresponda.
Finalmente, conforman el equipo de trabajo conformado por los citados fiscales Abel Bareiro, Óscar Paredes, Sonia Sanguinés y Carlos Alejandro Cardozo, bajo la coordinación de Bareiro y el fiscal adjunto Diego Arzamendia.
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El equipo de fiscales investigará las dos causas por la muerte del docente Catalino Correa y del líder indígena Antonio Carrillo, quienes fueron abatidos en el Operativo Redención que realizó la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en Canindeyú.
Según las autoridades, ambos formaban parte de la estructura criminal liderada por Felipe Santiago Acosta, alias Macho.
Cuestionamientos
Sin embargo, miembros de la comunidad indígena Yhapo 4, de Corpus Christi, negó que las dos personas sean criminales y denunciaron presuntas irregularidades en el operativo.
La comunidad mencionó como uno de sus argumentos los videos difundidos después del procedimiento, en los que, según indican, se observa al docente Catalino Correa participando minutos antes en el festejo por el Día del Niño en la institución educativa donde enseñaba.
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En cuanto a Antonio Carrillo, refieren que el líder indígena había presentado días antes denuncias ante varias instituciones, incluso ante el Ministerio del Interior, relacionadas con supuestos atropellos e irregularidades ocurridos en su comunidad, entre ellos actuaciones de fuerzas policiales y la presencia de civiles armados.
También habían cuestionado que el procedimiento se habría realizado sin orden judicial. Inclusive, los firmantes aseguraron que sus compañeros no portaban armas y fueron ejecutados, versión que contradice directamente el reporte de los organismos intervinientes.
