El movimiento Reforma Integral del Paraguay (RIPA) emitió ayer un manifiesto en el que denuncia una “quiebra moral, legal e institucional” en la administración del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del sector público, más conocido como la Caja Fiscal.
Según la nucleación, la crisis del sistema previsional –cuyo déficit ya supera los USD 200 millones a junio– no responde a un fenómeno “accidental”, sino a un “desfalco” por parte de sucesivas administraciones, encubiertas por diversos sectores.
Reclama que, con la reciente reforma, se haya aprobado la reducción de algunos beneficios y el aumento de los aportes para los sectores deficitarios. Estos, de aportar 16%, ahora pasan a un 19%, lo que califican como “una confiscación de la propiedad privada y una violación de los derechos humanos previsionales”. “Se pretende obligar a las víctimas a pagar el costo del delito cometido por los coyunturales y sucesivos administradores”, denuncia.
El documento también sostiene que el Estado incurrió en un “triple incumplimiento histórico”, ya que “no acumuló, no invirtió y no cuantificó” los fondos previsionales, pero sí los utilizó para financiar gastos corrientes y emergencias, como pagos a excombatientes, pensiones graciables, entre otros.
Los miembros del colectivo –entre los cuales se encuentra el coronel retirado de las Fuerzas Armadas Felipe Mercado, quien había presentado la propuesta para una reforma integral de la Caja Fiscal– cuestionan que los recursos nunca fueron repuestos, lo que consideran es “ilegal”.
“El déficit actual no es responsabilidad de los jubilados, sino de la malversación institucionalizada estatal cuyas víctimas son los afiliados. Existe una doble vara jurídica mientras el Estado persigue y sanciona penalmente al empleador privado por incumplimiento de aportes patronales, el propio Estado actúa como el mayor evasor patronal de la historia, habiéndose autoeximido de pagar la contrapartida patronal necesaria para la sostenibilidad de la Caja Fiscal. ¿Con qué autoridad moral un Estado delincuente en sus obligaciones patronales viene hoy a exigirles sacrificios a los jubilados?”, denuncia.
La organización critica, a su vez, el discurso oficial que apunta a que la Caja se está financiando con los impuestos, mientras que exige los motivos por los que el déficit se acumuló de esa forma.
A todo esto se suma una denuncia por la “falta de independencia” del Poder Judicial, acusándolo de actuar como “escudo del Estado”, al fallar “sistemáticamente contra los jubilados y viudas”.
En ese sentido, apuntan a establecer antecedentes para iniciar demandas contra los magistrados por mal desempeño, prevaricato y responsabilidad civil solidaria sobre el patrimonio de los funcionarios involucrados.
“Se exige una auditoría forense total, el reconocimiento formal de la deuda histórica y un plan obligatorio de restitución de fondos”, concluye el texto, advirtiendo incluso con acudir a instancias internacionales.
1.318.700 millones de guaraníes es el déficit acumulado de la Caja Fiscal al primer semestre.
