El deceso de Artemio Cabral López, mayor de edad, se registró en la tarde del viernes, siendo las 18:00, en el Hospital de Traumas de Ciudad del Este, Alto Paraná, donde estaba internado desde el lunes pasado, informó el corresponsal Edgar Medina, de Última Hora.
La víctima ingresó al centro asistencial tras ser presuntamente disparada por el guardia de una estancia de la Agroganadera Las Leñas SA, ubicada en la colonia Santa Lucía, identificado como Bladimir Fernández Gómez, alias Macho, de 39 años, quien ya fue imputado por la Fiscalía en prosecución del caso.
El Ministerio Público formuló la imputación por tentativa acabada de homicidio, luego de que el hombre hospitalizado sufriera la amputación de una pierna a causa de la herida de arma de fuego.
El establecimiento rural, que sería propiedad de Óscar Roberto Wasmosy, está ocupado por un grupo de campesinos y, según las denuncias, estos amenazaron con machetes y palos a los peatones enviados al lugar por el propietario, lo que desencadenó en una discusión y dejó herida a la persona ahora fallecida.
La propiedad está en conflicto, puesto que los labriegos reclaman ser beneficiarios de una reubicación hecha por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para el rubro de cultivos extensivos en esas tierras, ya que el inmueble habría sido expropiado por el Estado.
Sin embargo, muchos de ellos, a casi 10 años de la reubicación, aún no poseen sus chacras. Solamente, tienen la hectárea de tierra que le habían entregado en el centro urbano de la colonia para su vivienda y huerta.
Indert había trasladado en el 2014 a unas 500 familias aproximadamente desde la localidad de Ñacunday a la colonia Santa Lucía de Itakyry, ubicada a unos 150 km al noroeste de Ciudad del Este.
El Gobierno construyó un centro urbano con una hectárea de tierra para cada familia, escuela, pavimentación pétrea y sistema de agua potable por un lado, mientras que fuera del ejido urbano entregó parcelas de hasta cinco hectáreas para el cultivo de rentas fuera del sitio.
Sin embargo, los procesos judiciales de los poseedores de títulos y de tierras trabaron en muchos de los casos el acceso de los ocupantes a las parcelas entregadas por la cartera estatal, pese a las adjudicaciones y otras disposiciones administrativas.
