Mario Abdo Benítez, titular del Poder Ejecutivo, vetó totalmente la ley de Ñane Energía, que había sido sancionada el pasado 4 de julio por el Congreso Nacional.
El primer mandatario objetó la normativa debido a que dispone un programa especial de subsidio de la energía eléctrica que puede afectar fondos originados en los gastos de responsabilidad social y ambiental de las binacionales, que no están incluidos en el Presupuesto General de la Nación (PGN).
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“Se sostiene que los gastos de responsabilidad social y ambiental de las entidades binacionales deben ser objeto de reordenamiento, disponiéndose su asignación a la categoría Otros recursos, que el PGN asigna como partida presupuestaria anual de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), como mecanismo adecuado para establecer una nueva tarifa nacional en el contexto de un programa universal, extendido y simplificado”, explica el documento oficial.
Entre los argumentos, se señala que se había dejado asentada la idea de que Itaipú no puede quedar sujeta unilateralmente a cualquier órgano de la República del Brasil o del Paraguay, por más alta que sea su jerarquía, en el ordenamiento jurídico interno.
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Asimismo, indica que el control de gastos de la Itaipú debe efectuarse en el marco de su propio régimen jurídico, excluyendo la intervención unilateral de los organismos internos de los Estados partes, por lo que la propuesta altera sustancialmente el régimen de control de gastos previsto en el tratado internacional.
Entre otras cosas, detalla que el apartado III, del Anexo C, establece claramente cuáles son los recursos que debe transferir la entidad a los Estados partes, incluyendo las utilidades, el resarcimiento de cargas de administración y supervisión, los royalties y la compensación de energía cedida.
En ese sentido, refiere que tales beneficios, a los que se suman el pago de la deuda y sus cargas financieras, así como los gastos de explotación, determinan la estructura de costos que sirve de base para fijar el costo del servicio de electricidad.
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“Consecuentemente, en virtud del régimen internacional acordado, Itaipú no puede ser obligada a transferir a los Estados partes montos adicionales no previstos en el Tratado y sus anexos, cualquiera sea su cuantía”, argumenta.
Finalmente, expresa que desde la ANDE, por nota del 15 de marzo, habían señalado que el subsidio planteado significará un costo anual aproximado de USD 142 millones, además de la necesidad de adquisición de medidores electrónicos, con un costo aproximado de USD 55 millones, y la programación de unos 383.000 medidores trifásicos, con un gasto adicional de USD 3 millones.
