28 mar. 2024

Mario Abdo se desentiende de pacto sobre financiamiento político y DDJJ

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, buscó desmarcarse del pacto que permitió destrozar el proyecto de financiamiento político para evitar un mayor control e impedir la publicación del patrimonio de las autoridades.

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Tres dictámenes de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) responsabilizan por la firma del acta bilateral al presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

Foto: Raúl Cañete.

Abdo fue abordado este miércoles por los medios de comunicación tras la verificación de la construcción de un sistema de agua potable en el Departamento de Cordillera.

El primer mandatario fue consultado sobre las decisiones de la Cámara de Diputados, que este martes destrozó el proyecto de ley de financiamiento político y aprobó el blindaje para ocultar los bienes de funcionarios de los tres poderes del Estado.

Lea más: Diputados colorados imponen proyecto que desvirtúa control de financiamiento político

“No me puedo meter en cada debate legislativo en las cámaras”, dijo Mario Abdo, quien luego se refirió a un proceso en el que se evalúa el trabajo de las instituciones.

“No me puedo meter en un trabajo técnico de un proyecto legislativo. Que culmine el proceso y un vez que venga al Ejecutivo vamos a tomar las medidas en favor de la transparencia”, agregó.

El jefe de Estado manifestó además que se debe proveer de “herramientas judiciales para garantizar que no se contaminen los procesos electorales con dinero sucio”.

Una alianza abdocartista consiguió frenar la posibilidad de que cada candidato, desde las internas, presente su declaración jurada y rendición de cuentas sobre los fondos para financiar su campaña.

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Por otro lado, con una abierta maniobra de colorados y liberales llanistas, se modificó el proyecto que buscaba la publicación del patrimonio de las autoridades. Con los cambios, se hace imposible acceder a las declaraciones juradas.

Ambos proyectos de ley deben pasar aún por la Cámara de Senadores, antes de ser remitidos a consideración del Poder Ejecutivo, que tiene la potestad de vetar los textos.

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