El Poder Ejecutivo promulgó la ley que habilita a IPS a solicitar al Banco Nacional de Fomento (BNF) o a otras entidades del sistema financiero nacional y/o entidades financieras internacionales la apertura de líneas de crédito de mediano y largo plazo que serán destinadas al cumplimiento de las obligaciones pendientes de pago.
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La aprobación de esta ley se dio en medio de presiones del sector farmacéutico, que emplazó a la previsional a que presente un plan de pagos a sus proveedores, para no iniciar un proceso de suspensión de sus contratos y dejar de abastecer insumos y medicamentos.
La ley que establece medidas administrativas para el financiamiento del programa de enfermedad y maternidad del Instituto de Previsión Social dispone que el límite máximo del total anual de las cuotas emergentes de las operaciones autorizadas no podrá exceder el 5% del presupuesto anual asignado para el ejercicio en el cual se realice la operación financiera.
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El principal cuestionamiento que se realizó a la propuesta es la falta de información sobre el monto total de la deuda que tiene el IPS con sus proveedores y el contexto electoral.
Las empresas farmacéuticas afirmaron días pasados que la deuda total de la previsional asciende a USD 285 millones.
Desde el Senado se accedió y se dieron a conocer algunas documentaciones que revelan que la deuda acumulada del Instituto de Previsión Social (IPS) asciende a USD 408 millones, del 2019 al 2022.
