“En este informe (...), me gustaría que el interventor haga llegar si es que ya existen indicios de que se le han arrimado esas documentaciones”, dijo la concejala, aludiendo a los documentos que la Municipalidad de Asunción remitió a la CGR en 2024 y que revelan cómo se usó el dinero de los bonos por medio de la cuestionada figura de la Cuenta Única.
La Administración de Nenecho aún no ha publicado las facturas que hagan constar el uso que se hizo del dinero de los bonos. Tampoco ha explicado por qué el dinero de los bonos G6 y G7, con los que se debía financiar obras que aún no se hicieron (es el caso del mirador de Itá Pyta Punta), no se rinde entre las cuentas bancarias del balance general.
A esto se suma el hecho de que existen proyectos que debían ejecutarse con los bonos G8 (2022, G. 360.000 millones) que hasta ahora se retrasan, como es el caso de las obras de desagüe de la cuenca Itay-Abasto, Santo Domingo y la obra de General Santos y San Antonio.
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“Como sabemos, a nosotros, cuando pedimos los informes correspondientes, no nos han llegado, así como también ha solicitado la misma Cámara de Diputados cuando se encontraron con que no existían tales documentos. Entonces (...) quisiera un informe preliminar con relación a las observaciones y las documentaciones, si le fueron llegados o no, si fueron arribados o no a su despacho (sic), de tal forma que pueda realizar los análisis”, solicitó Rolón en una minuta verbal.
Asimismo, declaró que Pereira tiene como principal objetivo ofrecer respuestas a la ciudadanía sobre el uso que se hizo del dinero de la emisión de bonos.
“Porque él ya tiene unas semanas como interventor, y creo que el objetivo central de su intervención es, justamente, saber dónde está el dinero de la emisión de bonos y también dónde están las obras”, expresó la concejala.
Ciudadanos reclaman saber qué paso con el dinero
Al pedido de Rolón se suman los reclamos que hacen diariamente los ciudadanos al interventor en sus redes sociales. A cada publicación que Pereira realiza a través de Instagram y X, los usuarios le recuerdan que su trabajo principal es precisar qué se hizo con los bonos.
“No entiendo, señor interventor, usted fue para ver si hubo corrupción, si se mal utilizó el dinero y dónde fue a parar. ¿O va como un funcionario más a querer ‘solucionar’ presionando a los contribuyentes (para) que paguen?”, dijo Rodrigo López en el perfil de Instagram de Pereira.
“Queremos saber dónde está la plata, bonos y demás 500.000 millones, dejá de perder tiempo”, comentó Álvaro Torres en una publicación de X de la cuenta del interventor.
“Lo que queremos saber es a dónde fueron a parar los bonos y los 500.000 millones, dónde está la plata que se robó y no que hagas papel de cobrador y agente de tránsito”, escribió Gilda Marluse.
“Hacés cualquier cosa, menos investigar y encontrar pruebas contra el desfalco de los G. 500.000 Millones. Huele a proselitismo electoral a cambio de blanqueamiento nuclear”, criticó Néstor Núñez en otra publicación de X.
Comentarios así se encuentran en las recientes publicaciones (la mayoría de ellas sobre la cobertura de la PMT en Asunción) que hizo Pereira desde que asumió el pasado 24 de junio.
¿Cuáles son las 6 observaciones que debe analizar el interventor?
Observación 1. El Ejecutivo Municipal realizó pagos de gastos corrientes por un total de G. 492.000 millones, con los fondos en la modalidad de Cuenta Única Municipal, sin adjuntar los documentos de respaldo y sin detallar el origen de los fondos o recursos utilizados, incumpliendo el artículo 197 de la Ley 3966/10 “Orgánica Municipal”.
El referido artículo establece la prohibición de realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes.
El informe de la CGR indica que la Municipalidad remitió a la Contraloría el memorándum DGAF 1231, del 3 de junio de 2023, en el que se exponen las supuestas inversiones realizadas con los fondos de la Cuenta Única.
Se cita el pago de G. 287.000 millones para cubrir “diferentes servicios” que prestó la Municipalidad de forma “ininterrumpida”, como el mantenimiento de los vehículos, combustibles, alquiler de vehículos recolectores, cubiertas, seguros, reparación de vehículos, repuestos, herramientas, emulsión asfáltica, piedra triturada, uniformes, leche, servicios de transporte y disposición final de residuos.
El documento también indica que se cubrió “el costo de las inversiones públicas en adquisiciones de maquinaria y herramientas para dotar a las áreas operativas, así como obras de infraestructura” por aproximadamente G. 50.000 millones. No se precisa la cifra.
Finalmente, la administración municipal informó que se honró “el pago de capital e intereses de bonos” por aproximadamente G. 155.000 millones. Tampoco se precisa la cifra.
El uso de estos G. 492.000 millones, según la CGR, fue expuesto de forma genérica por el ex director de Admnistración y Finanzas, el imputado Edwin López Cattebecke, sin que se adjuntaran los documentos de respaldo ni que se detallara el origen de los fondos.
Observación 2. La CGR observó también que la Municipalidad realizó la emisión y colocación de los bonos G9 por G. 195.000 millones (para la reestructuración del pasivo resultante de la deuda pública) a una tasa nominal “significativamente más alta en comparación a la comprometida en los bonos rescatados”.
La administración municipal, expone la CGR, adjudicó a la firma Valores Casa de Bolsa SA la emisión de los referidos bonos a un plazo de hasta 12 años y a una tasa de interés del 16,80%. Bonos anteriores fueron emitidos a tasas del 14,6% (G3, 2016), 14,7% (G4, 2017), 13,50% y 14,50% (G5, 2018) y 11,50% y 13,75% (G6, 2019).
Solo por este préstamo, los asuncenos pagarán más del doble (G. 421.000 millones) en concepto de intereses hasta el año 2035.
Observación 3. El informe de la CGR indica que existe una diferencia de G. 20.100.487.965 entre el saldo contable y el saldo detallado en el extracto bancario y la conciliación bancaria de la cuenta habilitada para la administración de los bonos G8 (Banco Basa, cuenta corriente número 100121407) al cierre del ejercicio fiscal del 2022.
La CGR verificó los documentos que validan los saldos expuestos en el balance general correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2022. Constató que de los G. 218.099.519.965 que se rendían en la cuenta bancaria de los bonos G8, y que se exponían en el balance al cierre del 2022, quedaban en realidad G. 197.999.032.000, según el extracto bancario de la cuenta y la conciliación bancaria.
Esta observación apunta a que los documentos de la Municipalidad no estarían revelando su situación financiera real.
También recuerda que la administración de Nenecho no remitió los documentos de respaldo de las transferencias realizadas. Estos movimientos, además, no se realizaron para los fines que motivaron la emisión de los bonos G8, atendiendo a que la Municipalidad informó que los recursos de estos bonos no se ejecutaron durante el 2022.
Observación 4. Por medio de la revisión del extracto bancario de la cuenta habilitada para la administración de los bonos G8, la CGR constató operaciones de débito durante los ejercicios fiscales del 2022 y 2023, por un total de G. 499.951.298.000. Esta situación choca con el hecho de que el Municipio informó a la misma CGR que, al cierre del ejercicio fiscal 2023, no se realizó obligación ni pago con este dinero.
Para desarrollar esta observación, la CGR menciona el memorándum DGAF 1206 del 29 de mayo de 2024, también firmado por el imputado Edwin López, con el que la administración de Nenecho expone cuadros en los que se detalla que no hubo obligación ni pago alguno con el dinero de los bonos G8 durante los ejercicios fiscales 2022 y 2023.
La CGR verificó los extractos bancarios de la cuenta de dichos bonos y constató que hubo dos transferencias y diez débitos durante el mes de diciembre de 2022. Dos créditos suman G. 360.000 millones (mismo monto de bonos G8) y diez débitos suman G. 162.000.968.000.
En los extractos de los meses de enero, febrero y abril de 2023, entretanto, se verificaron créditos que suman G. 140.000.660.000, y débitos que alcanzan los G. 337.950.990.000.
La CGR concluye esta observación indicando que la Municipalidad realizó transacciones de crédito por importe de G. 500.000.000.000 y de débito por G. 499.951.298.000 a través de la cuenta de los bonos, pese a haber informado que no hizo pago alguno con este dinero.
Observación 5. La penúltima observación de la CGR expone una diferencia de G.162.000.968.000 entre el saldo inicial de caja, “Recursos de Crédito Interno Bonos G8", y el saldo inicial del ejercicio 2023 registrado en el extracto bancario de la cuenta habilitada para administrar los bonos.
Detalla que en el documento de ingresos del ejercicio fiscal 2023 se expone un saldo inicial de G. 360.000 millones, en tanto que en el saldo inicial del extracto bancario de la cuenta de los bonos solo se registra G. 197.999.032.000. Este saldo es el resultante de una serie de débitos en concepto de “provisión de chequeras” y “comisión por orden de pago loc”, que sumaban G. 968.000. Estos montos se suman a las “transferencias enviadas al BCP” por G. 62.000 millones, y también a las “transferencias otorgadas” por G. 100.000 millones, que se exponen en el extracto bancario de la cuenta de los bonos G8.
Observación N° 6. La última observación de la CGR guarda relación con la obra de desagüe pluvial de la cuenca Itay y Lambaré (Mercado de Abasto), que debía ser pagada con los bonos G8. El informe del ente contralor asegura que en el ejercicio fiscal 2023, la Municipalidad suscribió contratos para desarrollar esta obra por un monto distinto al establecido en el proyecto de inversión aprobado en la Ordenanza Municipal 28/2022.
La Municipalidad, según los documentos proveídos a la CGR, suscribió contratos con las firmas Consorcio Pluvial Abasto y Consorcio CCC-TECSUL por el importe total de G. 136.171.816.245, monto superior en G. 61.171.816.245 a los G. 75.000 millones que se aprobaron para esta inversión, según consta en la referida ordenanza municipal.
“Se evidenció que el Ejecutivo Municipal incumplió con la ordenanza municipal al suscribir contratos para la construcción del desagüe pluvial de las cuencas Itay y Lambaré (Mercado de Abasto) por un monto superior del 81% con relación a lo aprobado (...). No se observó que los responsables hubieran solicitado a la Junta la modificación del importe previamente aprobado, ni la justificación de ese aumento”, concluye el informe.
“El problema está en el malgasto y la mala administración”
En la última sesión de la Junta Municipal, el edil Álvaro Grau (PPQ) expuso que la Municipalidad estaría gravando impuestos y tasas en las plazas públicas e incluso en el Jardín Botánico, pese a que estos espacios son inalienables. De esta manera, la Comuna estaría “queriendo cobrarse a sí misma” por impuestos que, de hecho, no pueden cobrarse, atendiendo que la Ley 125/91 establece que están exentos del pago del impuesto inmobiliario y de sus adicionales “los inmuebles del Estado y de las municipalidades”.
El objetivo de estos registros de deudas, además, sería maquillar los activos municipales para que la Administración pueda beneficiar a su “cofradía” de abogados que realizan las supuestas gestiones de cobro. Del mismo modo, Grau aseguró que la Comuna estaría distorsionando sus activos para obtener préstamos y realizar emisiones de bonos.
En esta línea se expresó la concejala Paulina Serrano (PPQ), quien aseguró que “se está tratando de instalar que el problema, en realidad, es la deuda de la ciudadanía, de las organizaciones y demás, y eso es mentira y todos sabemos; acá el problema está adentro, está acá en el Municipio, está en el malgasto y en la mala administración”.
Aseguró que “los de Intendencia saben muy bien” que se publica una lista “con montos enormes donde aparecen colegios, en donde aparecen centros educacionales, en donde aparecen clubes, pero saben muy bien que la Ley 125/91 hace que muchísimas de esas instituciones, en esas categorías, estén exentas de gran parte de los impuestos”.
“Es mentira que la gente está debiendo miles de millones, porque la ley les hace que estén exentos de gran parte de eso, y se sabe bien que eso es lo que se va a cobrar; entonces, se quiere otra vez instalar de que todo el problema está en la deuda de la gente de afuera, y no es así, el problema está acá adentro, entonces, hay que dejar de mentir”, aseveró.
