María Teresita Sánchez, docente jubilada, residente en Filadelfia, Chaco paraguayo, como víctima de la mafia de los pagarés, sufrió por 15 años descuentos compulsivos en diez juicios ejecutivos. Ocho de esos embargos ya fueron levantados tras la intervención del Ministerio de la Defensa Pública (MDP).
La mujer, por la impotencia ante el calvario que no paraba, acudió a la Comisión del Senado que investiga la mafia de los pagarés y a través de ellos llegó hasta la Defensoría.
Años de sufrimiento
Hace quince años, la docente jubilada había adquirido electrodomésticos de una empresa que ofrecía los productos en la zona. Esta firma les hacía firmar pagarés, generalmente seis o más, y el argumento de los vendedores era que los necesitaban para presentarlos en varios lugares.
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Dijo haber adquirido una motocicleta, y aceptó que se le descuenten G. 350.000 mensuales, monto que poco a poco fue aumentando, hasta llegar a los G. 900.000 mensuales.
Terminó pagando cerca de G. 50 millones por la moto, que tendría un costo menor de G. 5 millones. Incluso, el vehículo no tenía repuestos en el país, por lo que al momento de descomponerse, la docente ya no pudo usarla.
A Sánchez después le fueron iniciando los juicios ejecutivos, la mayoría, en el Juzgado de Paz de Luque, donde nunca fue notificada.
Según la defensora pública Leticia Casaccia, varias notificaciones hacían constar de que se realizaban el mismo día, a la misma hora y con un mismo ujier; y en los documentos consignaron diferentes motivos para justificar que no eran recibidas, como que un familiar no accedió a firmar la notificación o que no se encontró a nadie en el domicilio.
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Incluso, una de las notificaciones que presuntamente recibió María Teresita Sánchez se hizo en la ciudad de Fernando de la Mora, localidad en la que la mujer nunca vivió.
“Esta práctica perversa es conocida como ‘notificación voladora’ y tiene el grave efecto de iniciar los trámites para el embargo o descuento de salario sin dar la posibilidad a la afectada de defenderse”, dijo la defensora.
La mujer apenas percibía su salario, ya que los embargos lo absorbían casi en su totalidad.
Los ocho embargos ahora levantados se encontraban en el Juzgado de Paz de Luque, a cargo de la jueza Norma Ortiz. Los que demandaron terminaron siendo las empresas Rentable SA y Grupo Capital SA.
Ahora le quedan pendientes dos juicios más que deben resolverse.
Un paro cardiaco ante la desesperación
La docente agradeció el acompañamiento y que le hicieron sentir como parte de su equipo de trabajo de la Defensoría. “Me hubiese gustado que todas las docentes afectadas conocieran la humanidad de estas personas, porque hay más gente afectada por las estafas”, lamentó.
Así como ella, muchos docentes jubilados y otros todavía en ejercicio siguen padeciendo los descuentos compulsivos. Teresita Sánchez dijo que incluso una persona falleció de un paro cardiaco ante la desesperación.
