El senador Rafael Filizzola, presidente de la Comisión que investiga la mafia de los pagarés, celebró la promulgación de la Ley 7614/2025, de saneamiento para juicios ejecutivos. Habló de “un paso fundamental para evitar que más compatriotas sigan siendo víctimas de un esquema fraudulento”.
Explicó que la nueva normativa que entra en vigencia busca poner fin a descuentos indebidos y a procesos judiciales irregulares que afectaron a miles de personas, “que en muchos casos, les privan de la totalidad de sus ingresos”, señaló el legislador.
Filizzola dijo que esta ley es resultado del trabajo conjunto entre la Comisión Especial de Investigación y el Ministerio de la Defensa Pública, que refleja una postura “orientada a corregir prácticas abusivas del derecho”, “que fueron posibles debido a zonas grises del sistema judicial”.
“El proceso, al ser de orden público, no puede permitir avasallamientos ni abusos. Es deber del Estado velar por los derechos a la subsistencia y la vida digna, como en estos casos en que miles de ciudadanos han perdido todo.”
¿En qué consiste la nueva ley?
La Ley 7614/2025 establece cómo accionar cuando los expedientes de juicios ejecutivos, acciones preparatorias y cobro de guaraníes desaparecieron. Aquí se incluyen las causas conocidas como la mafia de los pagarés.
En los casos en los que están desaparecidos los expedientes judiciales, el secretario judicial tiene 10 días para buscar el expediente y si no aparece, el juez ordena de oficio la reconstitución.
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“También impone deberes ‘de oficio’ a los jueces para decretar la inmediata suspensión de todo embargo en los casos en que no se pueda localizar físicamente el expediente, luego de un plazo razonable”, agregó el senador.
Suspensión de embargos
En caso de que el expediente extraviado cuente con embargos ejecutivos u otras medidas cautelares, el juez debe ordenar el levantamiento de todos ellos, hasta que termine la reconstitución del expediente.
En caso de verificarse graves irregularidades, y en especial, “la violación de los procedimientos de un juicio regular”, el juez debe declarar de oficio la nulidad del juicio.
Si se declara nulo un juicio y este tiene depósitos de dinero o los bienes de la persona tenía medidas cautelares, se ordenará que se levanten las medidas y se devuelvan el dinero que se debitó mes a mes al demandado.
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Y también, se garantiza a través de nueva norma el acceso a la Defensa Pública a personas que no pueden costear un abogado o que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ya sea por razones económicas, por pertenecer a la tercera edad o a pueblos originarios, o por la dificultad de trasladarse hasta la Capital.
“El proceso, al ser de orden público, no puede permitir avasallamientos ni abusos. Por tanto, en función de un sistema judicial humano, efectivo y de tutela de los derechos humanos, es deber del Estado velar por los derechos a la subsistencia y la vida digna, como en estos casos en que miles de ciudadanos han perdido todo por causa de una trama delictiva de la que el propio Estado ha sido parte”, expresó Filizzola.
