En un comunicado de la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés, las víctimas del esquema denunciaron que por “arte de magia” van apareciendo en los juzgados “expedientes que no existían anteriormente”. Todo esto ocurre después de la promulgación de esta Ley de Saneamiento de los Juicios Ejecutivos, a inicios del año.
La nueva Ley N° 7614, que promulgó el presidente de la República, Santiago Peña, ordena suspender los embargos cuando los expedientes están desaparecidos, y mientras estos se deben reconstituir (rehacer).
Miles de víctimas se ven afectadas porque no se encuentran sus expedientes en los juzgados y nadie sabe dónde están. Llamativamente ahora, varios de estos van apareciendo en los Juzgados de Paz de San Roque de Asunción y de Luque, por lo que no se suspenderán los embargos.
Una realidad que la misma Fiscalía evidenció es que estas carpetas judiciales en realidad se tramitaban y se quedaban en los mismos estudios jurídicos que iniciaban los juicios ejecutivos en contra de las víctimas.
“Son compañeros de Itapúa que descubrieron esta cuestión y tenemos la sospecha de que estos expedientes siempre existían o en los juzgados, o en las empresas o a cargo de los abogados, y apenas se pidan la reconstitución, van a aparecer, pero ya como reconstituidos. Así el 90% van a aparecer al final”, comentó Pedro Coronel, vocero de la coordinadora.
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Ley es “solo un pequeño alivio”
Las víctimas consideraron como “solo un pequeño alivio” la nueva ley para suspender embargos y exigieron una investigación por asociación criminal en contra del esquema, ya que el mismo Estado “reconoció la existencia de la mafia” en la ley.
La ley solo ayudaría al 11% de las víctimas, mientras que el 55% (9.350 personas) sabe que sus expedientes están desaparecidos, desconoce qué empresa les embarga, y no sabe qué juzgado tiene sus expedientes.
Más datos importantes
- El 11% de los compañeros saben que sus expedientes no aparecen.
- El 13% saben que sus expedientes existen.
- El 21% saben que algunos expedientes se encuentran y otros no.
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A raíz de esto, propusieron al Congreso que se sancione una ley complementaria, que ordene el traslado de los expedientes a los Juzgados de Paz del distrito de residencia de las víctimas.
Asimismo, se ratificaron en la necesidad del juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia.
