¿A quién o quiénes ayudará esta ley? Desde la Comisión de Investigación de la Mafia de los Pagarés del Senado, la directora Diana Vargas habló de que ahora no se tiene contabilizado el total de personas que impactará.
“Podemos afirmar que estamos ante miles de expedientes que no son localizados, de los cuales algunos ya fueron descontados los embargos y en otros están activos. Estos últimos tendrán que ser levantados de oficio por los juzgados”, expresó la abogada.
Continuó explicando que, considerando el volumen de expedientes que se mueven en Asunción y en juzgados de Central como los de Villa Elisa y Luque, serán las personas demandadas las que tendrán que requerir que se levanten los embargos, por medio de su defensor público o abogado particular.
¿Qué dice la ley? Recientemente, el presidente de la República Santiago Peña promulgó la Ley N° 7614 de saneamiento de juicios ejecutivos irregulares, o conocida como la ley antimafia, que será transitoria por dos años.
Esta estipula un manual de actuaciones cuando no aparece un expediente, que es un hecho recurrente en los casos de la mafia de los pagarés.
La ley le ordena al Juzgado que lleva la causa a buscar el expediente, habilitando un cuaderno con todos los datos que lo identifiquen.
A partir de ahí, empieza a correr el tiempo. El secretario judicial tiene diez días para hacer la búsqueda y si no se halla el documento, se informa al juez, quien ordena “de oficio”, según la ley, que se reconstituya el expediente, es decir, que se rehaga.
Allí es donde entra “un pequeño alivio” para las víctimas, según ellos mismos lo consideraron, ya que se tendrán que suspender todos los embargos u otras medidas cautelares que pesen sobre sus bienes en esos juicios.
Incluso, la ley habla de si se detecta que un expediente es irregular, el juez debe declararlo nulo, y se tendrá que levantar todas las medidas y se devolverán el dinero que se debitó mes a mes al demandado.
UN FRENO A EMBARGOS. El senador Rafael Filizzola, presidente de la Comisión en el Senado, precisó que “la nueva legislación establece mecanismos para frenar, mediante la suspensión o el levantamiento, los descuentos y embargos que pesan sobre salarios de personas que no tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa ni de acce-der a las actuaciones procesales, conforme a lo establecido en la Constitución”.
La propia Comisión había destacado cómo funciona esta mafia en contra de las víctimas, moviendo G. 2,2 billones (USD 314 millones) solo en embargos.
