Fue voto unánime de los integrantes del Jurado, a pedido del ministro de la Corte, Manuel Ramírez Candia, quien solicitó la postergación para la próxima semana del caso de la suspendida magistrada de Paz. Quiso analizar bien el caso para evitar el doble juzgamiento.
En el caso, se debe realizar el estudio de la sentencia contra la jueza Garcete, para quien se solicitó la remoción del cargo por supuesto mal desempeño en funciones.
Ramírez Candia pidió que se postergara el estudio del fallo, debido a que se atribuye el hecho de irregularidades cometidas en el ejercicio de la función consistente en dictado de providencias sin fechas.
Además, remarcó que la base del enjuiciamiento era el informe de auditoría y había que tener presente que la magistrada tiene dos procesos penales. También dijo que leyó una de las actas de imputación donde se le atribuye las mismas irregularidades.
Afirmó que las imputaciones también son por el informe de auditoría de la Corte, por lo que señaló que había que comparar las actas de imputación para evitar la posibilidad de un doble juzgamiento por el mismo motivo, por lo que pidió diferir para el jueves próximo.
Al final, el planteamiento tuvo el apoyo unánime de todos los miembros del Jurado de Enjuiciamiento, con lo que se postergó para el próximo 20 de noviembre.
Enjuiciada
En el caso, la magistrada había sido enjuiciada a raíz de la auditoría de gestión jurisdiccional del Juzgado de Paz del Distrito de La Catedral, dispuesta por la Corte Suprema de Justicia.
Garcete está procesada actualmente por supuestos hechos de prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso, a raíz de los resultados de la auditoría señalada.
La semana pasada, durante la audiencia preliminar, el juez Otazú elevó el caso a juicio oral y público, por lo que debe afrontar juicio oral por presuntamente formar parte del esquema de la mafia de los pagarés.
Durante la diligencia, dos de los ujieres habían declarado que la misma formaba parte del esquema e, incluso, les pedía el 30% de lo recaudado en concepto de notificaciones de las firmas que realizaban los juicios ejecutivos.
Respecto a estas personas, la Fiscalía había requerido la suspensión condicional del procedimiento, pero el juez contra Delitos Económicos, Humberto Otazú, le dio trámite de oposición.
Con ello, ahora, se espera el dictamen de la Fiscalía General respecto al trámite de oposición que le dio el juez Otazú, en el caso de los ujieres que declararon en contra de la jueza Nathalia Garcete.
