El próximo 17 de diciembre a las 08:00 es la fecha para el segundo juicio oral que debe enfrentar el ex intendente de Lambaré Armando Gómez, acusado por supuestamente liderar un esquema criminal que habría anulado facturas por un valor de G. 9.317 millones a través del sistema informático.
El Tribunal de Sentencia que debe juzgarle está integrado por los jueces Adriana Planás, Matías Garcete y Elsa García.
Además de Armando Gómez, también enfrentarán juicio oral Roberto Paredes (ex director de Administración y Finanzas); Rodrigo Portillo Chirife (jefe de Tesorería); Édgar Iván Villalba (director interino de Gestión Tecnológica), y Ricardo Ricciardi (funcionario de Gestión Tecnológica).
Además de esta, el ex intendente ya tiene otra causa para juicio, que tuvo dos suspensiones –la última vez se pospuso para el próximo 25 de noviembre–, por supuesto desvío por valor de G. 7.315 millones, de aportes jubilatorios.
¿Cuál es la sospecha?
Según la Fiscalía, para la anulación de facturas se montó presuntamente una estructura dentro de la Municipalidad de Lambaré, encabezada supuestamente por el intendente.
Se “ideó un plan para hacerse de parte de las recaudaciones que ingresaban a la Municipalidad en concepto de impuestos, diseñando un sistema de anulación de facturas, retención de depósitos en tesorería y remisión tardía a los bancos”, dice la Fiscalía.
El plan consistía en que Portillo, como tesorero, pasaba las recaudaciones diarias al director de Finanzas y este le señalaba los montos a ser sustraídos. Finalmente, el jefe de Tesorería le avisaba a Édgar Villalba para que proceda a anular facturas en el sistema informático.
¿Cómo se anulaban?
Una vez que el contribuyente realizaba el pago correspondiente se le entregaba el comprobante de ingreso original por el pago de impuesto. Luego, al término del horario laboral, eran anulados estos del sistema informático por usuarios que tenían el permiso para dicha operación.
Así, esos importes no ingresaban a las arcas de la Municipalidad, de acuerdo con la acusación fiscal. Por día eran anulados desde G. 20 millones hasta G 40 millones.
En total, fueron anuladas 6.390 facturas por valor de G. 9.317 millones.
