Los resultados de la extendida investigación al Departamento de Identificaciones dejaron grietas, ya que solo fueron detenidos e imputados diez suboficiales y un civil por supuestamente haber proveído de documentación de contenido falso a extranjeros, pero no afecta a ningún comisario, jefe de la golpeada institución, corroída por la corrupción.
El experto en criminología, Juan Martens, brindó algunas opiniones al respecto, resaltando que es una situación que se repite desde mucho tiempo atrás.
“Se trata de la selectividad punitiva histórica, que es detener a los más pobres y vulnerables para que el esquema siga, básicamente es esta la situación que sigue ocurriendo ahí,” clarificó.
Seguidamente señaló que no hay control de bienes de los policías, comisarios y jefes que ejercieron cargos en Identificaciones y que es el modus operandi para mantener el esquema.
“Con todo esto, la hipótesis es que, efectivamente, es un negocio que cuenta con la protección del poder político del Ministerio del Interior,” apuntó Martens.
También mencionó que el caso de los detenidos por cedulación irregular coincide con lo expuesto la semana pasada por el senador colorado oficialista Carlos Núñez Agüero, quien denunció durante la sesión de la Cámara Alta al ministro del Interior, Enrique Riera, y al comandante de la Policía Nacional, Carlos Humberto Benítez.
A propósito, había señalado el llamativo crecimiento patrimonial del jefe policial y acusó al ministro del Interior de cobrar G. 150 millones a los policías para pasar la prueba del polígrafo y alcanzar sus ascensos.
Polladas. Varias familias de los detenidos tuvieron que rebuscarse en la manera de solventar los enormes gastos que representa la búsqueda de justicia en nuestro país.
Uno de los métodos más populares es la famosa pollada, cuyos recursos serán utilizados, según comentaron, para el pago de los abogados de cada detenido, con aranceles que, en algunos casos, superan los G. 50 millones.
Al respecto, Juan Martens sugirió a los familiares que en todo caso, de no contar con el dinero para pagar un abogado, deben acudir a la defensa pública, “donde, si están tras la causa, funciona bastante bien”.
Algunas de las personas involucradas en el caso llegaron a acuerdos con el Juzgado de Garantías, donde presentaron documentaciones de propiedades como fianza para obtener la prisión domiciliaria.
Incluso, algunos accedieron a la colocación de tobilleras electrónicas, que representa además un costo de G. 2 millones por mes para cada persona que lo solicita.
El caso. El 23 de octubre, diez agentes policiales y una civil fueron imputados por supuesta producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, asociación criminal, uso de documentos públicos de contenido falso, cohecho pasivo agravado y soborno agravado.
El comisario Luis López explicó que los beneficiados con las cédulas serían taiwaneses, pakistaníes, rusos y ciudadanos de países del Este europeo. Agregó que de los tres que ingresaron a nuestro país, uno fue detenido.
Denuncia de ex jefe derivó en detención de once personas
El comisario Christian Ramírez Aguilera, ex jefe de Identificaciones, había denunciado en enero de 2024 ante la Fiscalía Barrial en lo Penal Número 2, el supuesto hecho de emisión irregular de diez cédulas de identidad para ciudadanos extranjeros.
Irónicamente, este hecho le había costado el cargo en la institución en junio de 2024, fecha en la que inició la intervención del Departamento de Identificaciones por noventa días, que luego fue ampliándose.
El 20 de octubre, el juez Osmar Legal decretó la prisión preventiva para el ciudadano ruso Mikhail Lobanov, imputado por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y soborno agravado.
Se trata de uno de los involucrados en la expedición de las diez cédulas denunciadas por el comisario Ramírez.
El 23 de octubre de 2025, la intervención derivó en la detención de diez suboficiales y una civil.
Todos fueron detenidos por supuestamente haber tenido abierta participación a través de su “usuario y contraseña, en la recepción, cotejo e inspección” de los documentos procesados hasta el día de su impresión, según el comisario Luis López, jefe del Departamento contra el Crimen Organizado.
El 5 de noviembre, el juez Humberto Otazú concedió arresto domiciliario a Mikhail Lobanov, se aceptó una fianza real de USD. 200.000 y la colocación de una tobillera electrónica para su monitoreo.
