Tras haber quedado firme la sentencia contra el ex ministro de la Corte Miguel Óscar Bajac Albertini, de 82 años, por cohecho pasivo agravado, y contra el coprocesado Rafael Luis María Ramírez como cómplice, el caso llegó a la jueza de Ejecución Sandra Kirchhofer.
Con ello, la magistrada tuvo por recibido el expediente y levantó las medidas alternativas a la prisión que tenían tanto el ex ministro Bajac como el coprocesado Ramírez.
Además, dispuso la captura nacional de ambos, quienes una vez detenidos deberán ser trasladados hasta la Unidad Penitenciaria La Esperanza, donde pasarán a guardar reclusión en libre comunicación y a disposición del Juzgado.
La Policía Nacional o, en su caso, la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, deberá comunicar el momento en que haga cumplir la resolución, de modo que se realice el cómputo de la pena.
En el caso, el 31 de julio de 2023, el Tribunal de Sentencia –integrado por los jueces Rossana Maldonado, Juan Ortiz e Inés Galarza– condenó al ex ministro a la pena de 3 años de cárcel, y al ex funcionario judicial a la pena de 2 años y medio.
Después, por acuerdo y sentencia del 25 de febrero de 2025, el Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala, integrado por los camaristas Arnulfo Arias, María Belén Agüero y Andrea Vera, confirmó la resolución que se dictó en juicio oral y público.
Finalmente, el pasado 3 de noviembre, la Sala Penal de la Corte, integrada por los camaristas Claudia Criscioni, José Waldir Servín y Silvana Luraghi, declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación promovido por la defensa de los encausados, con lo que quedó firme la resolución.
El ex ministro tenía medidas alternativas a la prisión desde el 4 de octubre de 2019, dictadas por el juez de Garantías Mirko Valinotti, con lo que ahora la jueza dispuso el levantamiento de la medida cautelar.
Según el fallo que lo condenó, se probó en el juicio oral que hubo intento de cohecho pasivo (coima) por parte del ex ministro Bajac, ya que la primera entrega se concretó en la Plaza de la Justicia, frente a los tribunales, donde detuvieron al cómplice Rafael Luis María Ramírez en una entrega vigilada. Tenía en su poder G. 50 millones.
El dinero era parte del adelanto para fallar a favor de una empresa dentro del marco de un juicio civil, que estaba en estudio en la Sala Civil de la Corte Suprema, donde se discutían millones de guaraníes.
