Santiago Peña asumió en agosto de 2023 con el mayor respaldo legislativo que haya tenido un presidente desde 1992, con mayoría propia en ambas cámaras. Tres años después, cada agosto de aniversario cerró con alarmas distintas, y cada una retrata un problema de fondo que arrastra el país y que habrá que resolver si queremos apuntar a una democracia sólida y a una economía que extienda bienestar.
El primer agosto, el de 2024, coincidió con la muerte del diputado colorado Eulalio Lalo Gomes a manos de la Policía Nacional, en el marco del operativo Pavo Real II contra una red de narcotráfico en la frontera con Brasil. La muerte del legislador el 19 de agosto de 2024, en un allanamiento, expuso una trama de vínculos entre instituciones judiciales, fuerzas de seguridad y sectores políticos, y dejó claro que combatir al crimen organizado será extremadamente complicado.
El segundo agosto, el de 2025, cerró con dos hechos que apuntan a otro problema de fondo, la falta de credibilidad en el sistema de justicia y su cruce con la política. El 19 de agosto de 2025 la Cámara de Diputados destituyó al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, tras intervenir la Comuna. Tres días después, renunció el intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, presionado por una intervención similar. Los descabezamientos de las dos principales ciudades del país, una de gestión opositora y otra oficialista, estuvieron atravesados por intereses políticos y derivaron en un aluvión de causas que en su mayoría siguen abiertas. Más allá de las diferencias entre un caso y otro, lo que quedó expuesto fue la escasa credibilidad del sistema judicial para juzgar con todas las garantías los casos que se le presentan, y la persistencia de la influencia política para instrumentar instituciones según sus intereses.
El tercer agosto, el de este año, trajo dos alarmas a la vez, el déficit fiscal y la energía. El 4 de agosto el ministro de Economía, Oscar Lovera, admitió que el déficit llegará a 3,2% del PIB este año y a 3,9% en 2027, y que recién en 2028 se volvería al 1,5% que fija la ley. Detrás hay USD 1.270 millones en atrasos, en su mayoría con proveedores de Salud, y una recaudación que se estrecha por la caída del dólar. Nueve días después, tras la primera Mesa Nacional del Sector Eléctrico, Peña anunció proyectos para crear un Ministerio de Minas y Energía y un ente regulador. Muchos sectores felicitaron la medida al mismo tiempo que cuestionaron su demora. Es que el asunto es urgente. Itaipú no tiene tarifa definida más allá de 2026, el Anexo C sigue sin negociarse y desde 2027 el país dejaría de recibir unos USD 650 millones anuales del fondo de inversión social de la binacional. El caso Atome, una inversión estimada en USD 665 millones, mostró un Estado que cambia de criterio en plena negociación, y crecen las dudas sobre la capacidad real que tendrá el país para satisfacer sus necesidades energéticas en el corto plazo.
Los tres agostos de aniversario dibujan una agenda complicada, que desafía la capacidad política e institucional del país para resolverla. El crimen organizado, una justicia sin credibilidad, una economía que se endeuda y dudas sobre nuestra capacidad energética son problemas serios que requerirán mucho esfuerzo. La agenda política solo se acelerará en los próximos meses y encararla con seriedad va a exigir, además de voluntad política, mucha capacidad de gestión y credibilidad. De otra manera, la herencia que reciba quien asuma el próximo Gobierno será extremadamente pesada.
