No hay civilización ni industria sin energía.
Después de más de sesenta años, un Gobierno plantea la primera reforma estructural, aunque parcial todavía, del modelo de organización del mercado eléctrico paraguayo y, sobre todo, con un significativo cambio de enfoque en prioridades de aplicación de la energía. El 13 de agosto, el presidente Santiago Peña presentó ante la Mesa Nacional del Sector Eléctrico dos proyectos de ley: uno para crear el Ministerio de Minas y Energía, otro para crear el primer ente regulador eléctrico independiente del país. No se trata ya de una idea en discusión académica: son dos anteproyectos redactados, con expectativa de tratamiento legislativo este mismo año. La pregunta relevante dejó de ser si conviene crear el Ministerio, sino cómo encarar un proceso complejo, sensible en lo económico, social y político, con muy poca experiencia en construcción de instituciones y capacidades, en un largo plazo que trascenderá este periodo de gobierno.
Un modelo que se quedó en el pasado
Cuando nació la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en 1964, el panorama era muy distinto: la potencia instalada no llegaba a los 10 MW, se generaba energía mediante una usina de leña, había unos cinco mil consumidores y las líneas llegaban a 6 kV, cubriendo Asunción y zonas aledañas. Una empresa estatal monopólica integrada —que abarcaba generación, transmisión, distribución y comercialización— también era la autoridad reguladora y planificadora del sector. Hoy eso suena absurdo, pero entonces era la fórmula adecuada y predominante de la época.
