Un accidente es un hecho fortuito, eventual, que causa daño físico o material. Partiendo de esa definición, los sucesivos hechos ocurridos en la zona de descenso del Cerro Caacupé, en la compañía Pedrozo de Ypacaraí, no pueden ser ya considerados accidentes debido a que se han ido repitiendo en las últimas décadas. Las excusas de las autoridades son ya inaceptables.
La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, anunció ayer que dio la orden de eliminar el semáforo instalado en el cruce ubicado en la bajada del Cerro Caacupé, en la compañía Pedrozo de Ypacaraí. 48 horas tardó la ministra en hacer el anuncio, mientras que los vecinos de la zona cuestionaban desde hace meses al MOPC por su inacción, exigiendo retirar el semáforo ubicado en la zona.
El más reciente suceso no ha sido el primero. Hace dos años, también un domingo, se había registrado un múltiple choque sobre la ruta PY02, en el lugar, lo que había dejado seis fallecidos y a un bebé de solo un año sin su madre, gravemente herido. El accidente fue provocado por un camión transganado que aparentemente habría quedado sin frenos. Una familia estaba retornando de un paseo familiar y aguardando en el semáforo cuando fueron arrastrados por el camión que perdió los frenos.
Hace ya dos años los vecinos decían y reclamaban que dicho cruce semafórico se convirtió “en una trampa mortal”, pero las soluciones al problema tardaron demasiado, y por eso hoy nuevamente se está lamentando la pérdida de vidas.
Las muertes por accidentes en la zona de la bajada del Cerro Caacupé constituyen una situación que se lamenta desde hace décadas, aunque no hay datos oficiales, se calcula que en los últimos 30 años habrían fallecido cerca de 100 personas, en percances en el “semáforo mortal”, doce de ellas durante la administración de Santiago Peña.
No obstante, el retiro del semáforo, y las demás soluciones que se están construyendo desde hace dos años, es probable que la bajada del cerro nunca será completamente segura, especialmente para camiones con cargas pesadas. Y, además, las comunidades de la zona reclaman soluciones para sus dificultades de movilidad, las cuales seguirán existiendo.
Para el ingeniero Arquímedes Delgado, el problema no es solamente el cruce Pedrozo, sino que se inicia en la cima del cerro Caacupé y se extiende hasta la planicie de la entrada al desvío de San Bernardino. Dice el profesional que esa pendiente supera el 12% y está fuera de las normas legales para una ruta nacional como es la ruta PY02, que debe tener como máximo, de acuerdo con las normas internacionales, 6% de pendiente. Agrega que cuando se construyó ese paso no se hicieron los trabajos correspondientes para reducir la pendiente al 6%, lo que genera la actual problemática. Ni rampas ni semáforos, la alternativa definitiva, para el ingeniero Delgado, la solución final más segura y correcta sería construir una gran variante a campo traviesa y explicó que con eso además Caacupé podría ganar una circunvalatoria total a la ciudad.
Sin embargo, sean cuales fueran las mejores alternativas que autoridades y funcionarios consideran para resolver el grave problema de los accidentes y las muertes en la bajada del cerro, las decisiones y su implementación deben claramente ser mucho más eficientes.
El cruce mortal en la zona de descenso del cerro no es, lamentablemente, el único ejemplo de la negligencia del Estado. En el mes de enero, un joven médico y su madre fallecieron en un accidente en la ruta PY08 Blas Garay, en el tramo entre la colonia 6.000 Defensores del Chaco, distrito de Guayaibí (San Pedro), y Azotey, Departamento de Concepción. Este tramo se convirtió en un corredor sumamente peligroso por los pozos y baches que lo volvieron prácticamente intransitable.
Luego del accidente y a raíz de las quejas de los pobladores, finalmente, el Gobierno había anunciado la firma del contrato para el mantenimiento de la ruta PY08, una obra de 151 kilómetros y una inversión de USD 15 millones y un plazo de ejecución de 24 meses. La indolencia y la despreocupación fueron la causa de que, entre agosto de 2025 y mediados de enero de 2026, 13 personas fallecieran como consecuencia de accidentes ocurridos en este tramo de la ruta PY08, esto sin mencionar los daños materiales y heridos graves.
Las autoridades y los funcionarios deben asumir su responsabilidad y deben trabajar arduamente para ofrecer soluciones a los problemas de la población. Y sobre todo, deben recordar que su desidia cuesta vidas y le roba bienestar a la gente.
