La frase del comunicado gremial –“no conseguirán instalar un solo megavatio”– delata la estrechez de miras de quien es, sin duda, un buen ingeniero: Operador de centrales o de redes, pero incapaz de elevar la vista más allá de la subestación, el transformador o el tendido de alta tensión para comprender el amplio campo de la economía política de la energía y la organización institucional de un sector estratégico y crítico para la civilización moderna.
Reducir una reforma estructural a una simple contabilidad de megavatios o de obras físicas revela una profunda confusión conceptual sobre para qué sirven las instituciones.
Arquitectura institucional frente a operación técnica
Conviene señalarlo con claridad: Un Ministerio de Energía y un Ente Regulador no son cuadrillas de construcción ni plantas generadoras. Son piezas de arquitectura institucional y gobernanza. Su propósito no es salir a clavar postes ni tender cables, sino definir las reglas del juego, trazar la planificación global de la canasta energética y establecer la separación de roles entre el Estado como diseñador de políticas, el regulador como árbitro imparcial y la empresa estatal como operadora y ejecutora.
Lo más revelador –y lo que expone la falacia o el desconocimiento de los críticos– es que los proyectos de reforma no tocan en absoluto la capacidad operativa ni autonomía financiera de la ANDE. Lo que reordenan son precisamente aquellas atribuciones que por naturaleza no corresponden a una empresa operadora, sino al Estado: La planificación, la regulación, la fijación de tarifas. La potestad gerencial, operativa y financiera de la institución permanece intacta. El blindaje del artículo 94 de la Ley 966/64 se mantiene incólume, garantizando que el monopolio del suministro eléctrico del país siga en manos de la ANDE, tal como hoy lo está.
Tampoco alcanzan a comprender que la supervisión de un regulador fuerte, creíble y competente podría contribuir a erradicar uno de los males crónicos de la empresa: La tarifa política, que ha hecho insostenible su gestión y ha impedido invertir con criterios técnicos.
El verdadero trasfondo del argumento gremial
Si el monopolio comercial y operativo de la ANDE no se vulnera en absoluto, ¿a qué responde entonces este grito en el cielo? Hay tres razones, ninguna de ellas relacionada con la cantidad de megavatios:
1. Temor a perder influencia política discrecional: Al crearse una autoridad que centralice la política energética, los gremios y las administraciones de turno pierden parcelas de poder absoluto sobre decisiones estratégicas que hoy se negocian en pasillos y oficinas, sin rumbo claro ni rendición de cuentas.
2. Resistencia a cualquier veeduría externa: Un regulador independiente –aún con sus imperfecciones– introduce un elemento incómodo de control, transparencia y rendición de cuentas que choca frontalmente con la opacidad tradicional bajo la cual se ha manejado el sector durante décadas.
3. El argumento técnico como coartada: Agitar el fantasma de la privatización o el desmantelamiento de la empresa con cifras falsas y argumentos fuera de lugar es la fórmula más eficaz para movilizar y defender el statu quo que garantiza cuotas de poder y privilegios.
El secuestro del debate
Hemos llegado a esta antesala de crisis precisamente por sesenta años de inmovilismo. Hoy, como desde hace décadas, los poderes fácticos del sector bloquean cualquier intento de reforma parcial y modesta, parapetados tras una retórica técnica que enmascara la defensa de sus cotos de poder. Mientras tanto, el debate verdadero –la imperiosa necesidad de ordenar la gobernanza de un recurso cada vez más escaso y vital para el desarrollo del país– queda secuestrado por una visión mezquina, egoísta y cortoplacista.
Finalmente, a mi modesto entender, los proyectos de ley en curso son de manual, sin uñas ni dientes para lidiar superar la dura realidad paraguaya. Cabe advertir: una arquitectura institucional pobremente diseñada –un Ministerio de Energía débil y un regulador politizado o subordinado– no resolverá el déficit de gestión.
Por el contrario, creará nuevos focos de disputa, burocracia y captura.
En lugar de garantizar una asignación eficiente de la energía hacia usos de alto valor agregado y blindar a la ANDE frente a la política, corremos el riesgo de construir un andamiaje inútil que entorpezca inversiones, satisfaga apetitos políticos y deje intactos todos los vicios estructurales que los gremios fingen denunciar con argumentos equivocados.
