La ampliación de la denuncia presentada por concejales de Lambaré contra el intendente Armando Gómez también afecta al ex administrador de la Comuna, Roberto Paredes, y al tesorero Rodrigo Portillo.
Los ediles acercaron ante la Fiscalía pruebas de boletas anuladas a contribuyentes que pagaron sus impuestos, informó la periodista Liz Acosta.
En ese sentido, el concejal Nelson Medina explicó que las anulaciones tenían como fin desviar los fondos municipales. Agregó que se trata de una investigación paralela hecha por la Junta Municipal, la cual resolvieron elevar al Ministerio Público y a la Contraloría.
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“A esa causa presentamos pruebas”, refirió Medina sobre la auditoría de un faltante de G. 150.000 millones en dos administraciones. La investigación de la Junta se llevó a cabo por medio del asesor jurídico Aristides Duré.
Entre las pruebas presentadas, Medina mencionó boletas de impuestos a la construcción, al patente al rodado, al agente inmobiliario y a la aprobación de planos, las cuales habrían sido anuladas después que el contribuyente las pagara.
Reveló que las mismas iban de G. 6 millones hasta G. 80 millones y que, después de una semana, terminaban no ingresando a las arcas de la Municipalidad.
“Demasiadas boletas anuladas, con qué intención. Ahora tenemos todas las pruebas. Esos ingresos, cuando uno coteja con los arqueos de caja, ya no figuran en el ingreso y tampoco en el depósito de los bancos. Esa es la forma delictual en que actuaban los anteriores administradores”, sostuvo.
Medina afirmó que cuenta con todas las fotocopias de las facturas de ingresos, con las que se habría detectado la supuesta irregularidad.
“La forma de administrar la ciudad era de una forma caótica, donde se resalta la suma total de faltante que orilla los G. 150.000 millones. Una parte corresponde a la administración de Roberto Cárdenas y otra a la de Armando Gómez”, añadió.
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Por otra parte, manifestó que el daño patrimonial de las boletas anuladas es solo una parte, ya que habló también de una inacción del Municipio en una demanda por G. 80.000 millones.
“Lo más resaltante es la falta de transferencia al Ministerio de Hacienda, a la Gobernación y a la Caja Municipal. No sabemos dónde está el dinero, entonces presentamos hoy a la Fiscalía, a la Unidad de Francisco Cabrera, para pedirle que imprima velocidad al trámite de estos hechos para llegar a imputar a los responsables”, detalló.
Finalmente, dijo que otro hecho llamativo es el proceder de algunos usuarios, quienes supuestamente anulaban facturas. Según su versión, los mismos ingresaban al sistema informático de madrugada para realizar la anulación.
