La cantidad y la calidad de los servicios de salud pública en el Paraguay atentan contra la vida de los ciudadanos. Lo dice la gente en sus reclamos diarios llorando a sus muertos en los pasillos de los hospitales; que están sin remedios, sin camas, sin quirófanos, sin unidades de terapia intensiva, sin médicos y sin equipos de angiografía, etcétera, en tiempo oportuno. Lo escenificó la pareja presidencial el 19/02/24, hace dos años, cuando la primera dama lloró al ver el abandono del Hospital Nacional de Itauguá. También lo confesó el propio presidente de la República (un teatro de mea culpa), en sus últimos dos discursos de rendición de cuentas de inicios de julio ante el Congreso. Luego de estas dos escenas, no se hizo nada.
Es indiscutible que la salud es una política pública que él no ha priorizado. A su gobierno no le interesa la población, uno de los componentes del Estado, el principal factor de producción que genera riqueza, por lo que debe ser relevante para la política, por una cuestión de dignidad humana en primer lugar, y por una cuestión de interés económico. A un punto tal que se lo reclamó su jefe político, el presidente de su partido, en reciente encuentro del 17/06/26 en la ANR, cuando se lo dijo en la cara: “Una de las preocupaciones que nos transmite nuestro pueblo es la salud pública… Exhorto que, a partir de esta etapa de gobierno, se otorgue máxima prioridad al fortalecimiento del sistema nacional de salud”. Una especie de: “Haga rápido lo que no se hizo. Punto. Es una orden”. Hasta el senador Leite –vocero y embajador de la casa ex presidencial conocida como el quincho, recientemente de vuelta de los Estados Unidos– se lo espetó en público pidiéndole recortes de USD 400 millones en gastos para redirigirlos hacia la salud.
Los datos duros son más elocuentes. Desde que nacemos los gobiernos paraguayos matan más a nuestras madres que nuestros vecinos. La mortalidad materna en Paraguay es más del doble a la de Argentina, alrededor de 72 mamás versus 32 por cada 100.000 nacidos vivos, respectivamente. En un informe del Banco Mundial titulado “Invertir en capital humano”, del 2018, esta tasa equivalía a tres veces a la de Argentina y Brasil y casi diez veces a la de Uruguay. Algo simplemente brutal. Luego, la mortalidad infantil paraguaya, en el momento de nacer, es el doble a la uruguaya; y la mortalidad de menores de 5 años es el doble a la argentina y a la uruguaya, respectivamente. Este es un país peligroso para vivir siendo niño. En el otro extremo de la vida, como resultado de una población que va envejeciendo, sin cobertura de jubilación ni de salud, la carga de enfermedades crónicas no transmisibles aumenta de alrededor del cincuenta por ciento de la población de inicios de siglo a más del setenta por ciento de esta en el presente, sin suficientes medicamentos, ni médicos, ni hospitales con profesionales especializados para este proceso de longevidad extendida y de transición demográfica.
En cuanto a los gastos de salud, el Paraguay sale perdiendo ante todos los países vecinos e incluso ante provincias subdesarrolladas de Argentina y Brasil, como Formosa y Mato Grosso do Sul; es decir, no tenemos nada por qué vanagloriarnos. Mientras el IPS y su fondo de salud se debaten, y obligan a que sus asegurados se debatan también entre la vida y la muerte, el Ministerio de Salud no responde a los reclamos de sus servidores públicos. Desde el 2012 –cuando el sueldo del médico de la Salud Pública por vínculo laboral era el equivalente a 2,8 salarios mínimos de esa época– el ingreso básico no se actualiza conforme al incremento del costo de vida. Valga el cálculo contundente: hoy el salario del médico es de apenas 1,5 veces el salario mínimo actual. Una situación de explotación laboral inaceptable. Tanto es así que el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) va a una huelga del 24 al 28 de agosto no solo por la remuneración; en primer lugar –dicen– van a parar por la falta de remedios y equipos. En segundo lugar, por el pago doble por trabajar en días feriados y por la actualización conforme a la pérdida del poder de compra de sus respectivos salarios, por la que piden alrededor de tres millones de guaraníes adicionales por vínculo laboral.
Mientras todo esto acontece, la clase política está en otra. Todo lo de arriba no figura en ninguno de los planes ni del oficialismo ni de la oposición. Están enfocados en las elecciones 2026 y 2028. Además del peaje en Asunción, las prioridades son saber quién será el candidato a VP colorado y acertar en el que le guste al quincho. Y, elegir al candidato presidencial opositor, y cómo se lo va a escoger, por encuesta, por votos, por concurso tipo Miss, o por carrera vosa. Hasta ahí les da el cuero. Saludos cordiales.
