La visita de Santiago Peña a Miraflores conviene leerla dentro de una secuencia bilateral más larga que en los últimos siete años ha tenido más quiebres que continuidades. En enero de 2019, Mario Abdo Benítez rompió relaciones con Caracas tras la segunda asunción de Nicolás Maduro, adhiriendo a la posición del Grupo de Lima. Aquella fue una postura particularmente dura, más severa incluso que la de buena parte de la región, sostenida en términos de institucionalidad democrática y que se mantuvo firme durante todo su gobierno.
Con la llegada de Peña en agosto de 2023, el criterio cambió. El restablecimiento de relaciones respondió a una lógica distinta, más pragmática, enmarcada en un giro declarado inicialmente de desideologizar la política exterior paraguaya y priorizar vínculos comerciales y consulares por sobre posicionamientos ideológicos. Sin embargo, ese enfoque resultó temporal. En enero de 2025, tras el reconocimiento de Peña al opositor Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones de julio de 2024, Venezuela rompió unilateralmente relaciones con Asunción, acusando al Gobierno paraguayo de subordinar su política exterior a intereses externos.
Desde entonces, la situación venezolana cambió de manera significativa. En enero de este año, Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses y permanece detenido. Delcy Rodríguez ejerce ahora como presidenta encargada, sin que se hayan producido señales de apertura electoral ni cambios sustantivos en la estructura de gobierno heredada. En ese contexto se produjo el encuentro del sábado en Caracas, el segundo de un jefe de Estado extranjero tras la visita de Gustavo Petro en abril.
Lo relevante de este episodio es que no derivó en ningún resultado concreto. El propio canciller Rubén Ramírez describió el encuentro de forma ambigua como el inicio de un diálogo que podría eventualmente conducir al restablecimiento de relaciones, no como su restablecimiento efectivo. La agenda difundida se limitó a asuntos técnicos como la cooperación comercial, atención consular, cuestiones energéticas y los compromisos financieros pendientes, entre ellos la deuda que Petropar mantiene por compras de petróleo venezolano. Todos asuntos que podrían ser discutidos por el canciller sin necesidad de una visita oficial presidencial. Adicionalmente, no hubo comunicado conjunto sobre institucionalidad democrática ni mención a una hoja de ruta política.
El calendario de esta última visita aporta un elemento adicional para el análisis. Ocurrió como escala previa al viaje de Peña a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, y días antes del anuncio, confirmado por la Casa Blanca, de un encuentro entre Delcy Rodríguez y Donald Trump. Esa coincidencia temporal sugiere que el gesto hacia Caracas debe leerse en función del realineamiento de Asunción con Washington, en un momento en que la propia política estadounidense hacia Venezuela viene de un giro considerable tras la captura de Maduro y busca construir un piso de legitimidad para el nuevo interlocutor en Caracas.
La política exterior no exige inmovilidad, pero sí cierta consistencia entre principios, discursos y acciones. Cuando los cambios de rumbo son frecuentes y los resultados concretos continúan ausentes, los costos recaen sobre la previsibilidad internacional del país. La visita a Caracas no modificó el estado de la relación bilateral ni produjo avances visibles. En definitiva, el resultado es una política exterior que sacrifica coherencia doctrinaria, sin obtener a cambio ni avances bilaterales ni garantías democráticas.
