Se designó a Christian Ortiz Claverol como interventor del Centro de Reinserción Social (Cereso) y se pone a disposición de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios al director Pedro Rodas.
Personal de la Dirección de Asuntos Internos estará este miércoles en el lugar, a tempranas horas, para iniciar la pesquisa.
El Ministerio de Justicia se puso a disposición del Ministerio Público y ya se encuentra coordinando los trabajos de investigación y remitiendo toda la documentación de relevancia para esclarecer el hecho.
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El Ministerio de Justicia aseguró que viene trabajando y coordinando acciones con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) para el control de ingreso de menores en los establecimientos penitenciarios.
Asimismo, informó que no tolerará este tipo de hechos y será inflexible en las sanciones de su competencia contra los autores, cómplices o encubridores.
El niño habría sido abusado por el padrastro en el interior del penal y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Infantil Los Ángeles de Ciudad del Este, según informó el corresponsal de la zona, Édgar Medina.
El pequeño tiene 10 hermanos, de los cuales, seis todavía están con la madre, según los datos que se manejan. Supuestamente, el abuso se realizaba durante las visitas a la cárcel, donde la madre le hacía dormir al niño y el padrastro abusaba de él.
La edil esteña Valeria Romero, del movimiento político Yo Creo, relató lo ocurrido en sus historias de Instagram (@valeriaromerocde) el último lunes y mencionó que se trata de un caso de supuesto abuso infantil que no se dio a conocer. “Por coincidencia, hoy me enteré y lo quiero hacer público”, empezó.
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Señaló que la víctima es un niño de 9 años que fue atendido en un hospital de Ciudad del Este, en el Departamento de Alto Paraná, donde se le realizó una intervención quirúrgica porque se encontraba grave.
De acuerdo con su relato, el padrastro habría sido autor del terrible hecho en la Penitenciaría de Encarnación, Itapúa.
Recientemente, el Congreso Nacional elevó a 30 años de pena el hecho punible de abuso sexual en niños, equiparándolo con el hecho de homicidio, máxima pena posible en el país.
La Fiscalía reportó 1.014 denuncias hasta abril de este año, lo que significó una media de ocho casos por día.
