El juez Luiz Antonio Bonat, del 13º Juzgado Federal de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná y donde se concentran las investigaciones de la Lava Jato, aceptó la denuncia del Ministerio Público Federal (Fiscalía) y tornó reo a Luiz Inácio Lula da Silva y a otros de sus entonces colaboradores.
El Ministerio Público Federal había incluido en la querella al ex ministro de Hacienda Antonio Palocci, uno de los hombres más influyentes en los Gobiernos de Lula (2003-2010) y al presidente del Instituto Lula, Paulo Okamotto.
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Los tres son acusados de un delito de blanqueo de capitales a través del Instituto Lula, que ya fue objeto de otras investigaciones en otros casos de corrupción.
Bonat consideró en su sentencia de este viernes que “las evidencias son suficientes, en un juicio de cognición sumaria, para el recibimiento de la denuncia, porque tienen lastro probatorio mínimo que no favorece a los acusados” y “asuntos más profundos de la responsabilidad criminal demandan una regular instrucción criminal”.
La Fiscalía había señalado que encontró indicios del pago de sobornos por parte de Odebrecht que alcanzaron el valor de 4 millones de reales (unos USD 760.000) entre “diciembre de 2013 y marzo de 2014", cuando Lula ya había abandonado el poder.
Según la investigación, ese montante se disfrazó “en forma de donación filantrópica” para el Instituto Lula para el supuesto beneficio del líder del Partido de los Trabajadores (PT).
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Esas comisiones ilícitas de Odebrecht tuvieron su origen, sostienen los investigadores, en los desvíos ocurridos en el seno de la petrolera estatal Petrobras, y siguieron el mismo modus operandi que en otros casos similares ya juzgados en primera y segunda instancia.
Lula, de 74 años y que alega sufrir “persecución” judicial, ha sido condenado dos veces por corrupción y blanqueo de capitales en procesos relacionados con el Lava Jato, aunque actualmente responde en libertad tras haber pasado un año y siete meses en la cárcel.
La primera condena, de ocho años y 10 meses de cárcel, de la que ya cumplió 19 meses, ha sido ratificada en tercera instancia y aún falta el análisis del Supremo para que sea firme.
La segunda fue ratificada por un tribunal de segunda instancia que aumentó la pena a 17 años y un mes de prisión.
Además, responde a varios procesos por casos similares vinculados también con la operación anticorrupción Lava Jato, que desde 2014 investiga los desvíos en Petrobras y ha llevado a prisión a numerosos políticos y empresarios en Brasil.
La defensa del exmandatario señaló este viernes en un comunicado que la aceptación de la denuncia “es un acto más de persecución contra el expresidente Lula porque aceptaron procesar una acción penal que no tiene fundamento”.
