El juicio se refiere a acusaciones iniciales de corrupción, tráfico de influencia, lavado de dinero y asociación ilícita formuladas contra Luis Inácio Lula da Silva bajo la presunción, no comprobada, de que favoreció negocios ilícitos de la constructora Odebrecht en Angola.
La decisión fue tomada por un tribunal de Brasilia que ya había rechazado el año pasado algunas de esas acusaciones pero aún juzgaba las correspondientes a los presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias.
Lea más: Lula es denunciado por corrupción en nuevo proceso que vincula a Odebrecht
Con la negativa a acoger las últimas acusaciones que quedaban en pie, la causa será archivada, lo cual favorece tanto a Lula como a uno de sus sobrinos, Taiguara Rodrigues dos Santos, sospechoso de haber intermediado los supuestos negocios ilícitos en Angola.
En los últimos años, la Justicia ha abierto contra Lula, quien gobernó entre 2003 y 2010, un total de nueve procesos, en todos los casos por supuestas prácticas de corrupción y algunas vinculadas a la operación Lava Jato, que destapó una vasta trama de ilícitos con tentáculos en otros países, tanto de América Latina como de África.
En uno de esos juicios fue condenado a ocho años y diez meses de prisión y llegó a pasar 580 días encarcelado, pero luego fue liberado por una decisión de la Corte Suprema, pues aún no ha agotado por completo sus posibilidades de apelación.
Nota relacionada: Brasil: Absuelven a Lula y a Rousseff en proceso abierto por corrupción
También a la espera de que sean juzgados otros recursos está una pena dictada ya en segunda instancia en otro de los procesos, en el que Lula fue hallado culpable de corrupción y lavado de dinero por una corte de segunda instancia, que le condenó a 17 años.
El antiguo líder sindicalista sostiene que es víctima de una “persecución judicial y política” que le impidió disputar las elecciones de 2018, que fueron ganadas por su gran antagonista político, el ultraderechista Jair Bolsonaro.
Esa tesis fue reiterada por los abogados del expresidente, que en un comunicado divulgado después de la decisión adoptada este martes, insistieron en que Lula es objeto de “acusaciones precarias, sin ningún soporte probatorio”.
