El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú dictó medidas alternativas a la prisión para Ramón Jiménez Gaona, fijando una fianza de G. 330 millones, en el marco del caso Metrobús. De esta manera, el ex ministro de Obras obtiene la libertad ambulatoria y se libra de la cárcel e incluso podrá salir del país.
Según afirmó el magistrado, las medidas alternativas alcanzan también a Guillermo Alcaraz y Marta Benítez Morínigo, los otros dos procesados en la causa, cuya decisión se tomó de manera uniforme teniendo en cuenta el principio de igualdad procesal.
“El Juzgado ha analizado todas estas cuestiones, teniendo en consideración primero que, al inicio de este proceso, el Juzgado ha dictado ya un embargo preventivo de todos los encausados, que superan los G. 36.000 millones, además de la inhibición de gravar y enajenar bienes”, argumentó Otazú a través de los medios, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.
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Explicó también que, a fin de garantizar que Jiménez Gaona sí se someta a todo el proceso, el Juzgado decidió imponer una fianza personal de G. 330 millones, que realizó un ingeniero familiar suyo, además de otras medidas, como no cambiar de domicilio, presentarse al Juzgado del 1 al 10 de cada mes, comunicar en caso de salir y entrar al país y no cambiar de número de teléfono.
El ex ministro, la ex viceministra de Finanzas Marta Benítez y el ex gerente del programa Metrobús Alcaraz están siendo investigados por supuesta lesión de confianza, por el fallido proyecto que contemplaba un presupuesto global de USD 162,9 millones.
USD 89,1 millones fueron financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), USD 19 millones por la Organización de Países Exportadores de Petróleo para el Desarrollo Internacional (OFID) y el resto, USD 54,8 millones, con contrapartida local.
En el acta de imputación se señala que del 2013 al 2018 el entonces titular del MOPC “teniendo la obligación de coordinar, supervisar y controlar las actividades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, no habría cumplido con exigencias requeridas de manera previa y durante la ejecución de la obra que impidieron la viabilidad de la culminación de los trabajos emprendidos por la firma constructora Mota-Engil Ingeniería y Construcción SA”.
Un informe de la Controlaría General de la República mencionó que las obras privaron a los ciudadanos de beneficios económicos por unos USD 85 millones. También se pudieron determinar perjuicios por el lucro cesante de comercios, gastos innecesarios en consultorías y gastos por la demolición de obras.
