El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú fijó fecha para la audiencia preliminar del ex intendente de la ciudad de Lambaré Armando Gómez, y de otras cuatro personas más, ex funcionarios, a quienes se les sindica de estafar por más de G. 9.300 millones a la Comuna.
Fueron citados para el 12 y 13 de agosto de este año, a las 08:00, para comparecer ante el magistrado, quien tuvo por recibida la acusación de la Fiscalía y de la querella adhesiva.
El fiscal Francisco Cabrera había acusado y pedido que los procesados vayan a juicio oral, ya que se sospecha que a través de maniobras en el sistema informático, lograron hacer 6.390 anulaciones de facturas de los contribuyentes, por un valor de G. 9.317 millones.
Los acusados son Armando Gómez, así como el director de Administración y Finanzas, Roberto Paredes; Rodrigo Portillo Chirife, jefe de Tesorería; Édgar Iván Villalba, director interino de Gestión Tecnológica, y Ricardo Ricciardi, funcionario de dicho departamento.
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El hecho supuestamente sucedió en el 2019. La acusación contra los cinco procesados es por hurto, estafa mediante sistemas informáticos y asociación criminal.
A Portillo, Villalba y Ricciardi también se les suma el hecho de alteración de datos relevantes para la prueba.
Un supuesto “plan criminal”
Según la Fiscalía, los acusados “idearon un plan para hacerse de parte de las recaudaciones que ingresaban a la Municipalidad en concepto de impuestos, diseñando un sistema de anulación de facturas, retención de depósitos en Tesorería y remisión tardía a los bancos”.
El plan consistía en que Portillo, como tesorero, pasaba las recaudaciones diarias al director de Finanzas y este le señalaba los montos a ser sustraídos.
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Finalmente, el jefe de Tesorería le avisaba a Édgar Villalba para que proceda a anular facturas en el sistema informático.
Las anulaciones se hacían al concluir el horario laboral, supuestamente, y se llegaban a anular por día entre G. 20 millones, G. 30 millones o hasta G. 40 millones.
El fiscal Francisco Cabrera expuso mensajes descubiertos en uno de los teléfonos incautados, que permitieron determinar que la plata sustraída por Portillo, “en ocasiones, era posteriormente llevada por él mismo hasta la Bodega Nápoles, ubicada en la ciudad de Lambaré”.
Quien retiraba de allí era Édgar Iván Villalba, supuestamente.
Se cree que el dinero desviado se dividían y que incluso Armando Gómez, “el jefe”, recibiría su parte.
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Pedido de sobreseimiento
En esta causa, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento del director de Auditoría Interna, Walter Omar Belotto, y de la contadora Sonia Raquel Notario.
Ambos estaban procesados por supuesta lesión de confianza y asociación criminal, pero no se determinó que hayan participado en los hechos. Ahora el juez deberá determinar si los sobresee o no.