La fiscala Rosa Noguera imputó a tres funcionarios municipales, quienes habrían hurtado mercaderías, dinero y una notebook de un vendedor del Mercado de Abasto, causando un perjuicio de más de G. 45 millones. El hecho habría sucedido durante una inspección en plena pandemia.
Los imputados son: Renato Diosnel Pereira, director administrativo de Abastecimiento de la Municipalidad, es decir, director del Mercado de Abasto en el 2020; Eder Derlis Hermosilla, jefe de Seguridad de la misma dependencia; y Norman Manuel López, jefe de Operaciones.
La denuncia fue presentada por Juan Carlos Vázquez, un antiguo locatario del Bloque CF del Mercado Municipal de Abasto, quien relató que estaba al día con el pago del canon para disponer del lugar para sus actividades comerciales.
Además, su local funcionaba como cámara frigorífica para mantenimiento de productos frutihortícolas.
Se trataba de una empresa que la Municipalidad tercerizaba y en la pandemia le avisaron que iban a darle a otro el contrato, pese a que era el segundo permisionario y estaba al día con sus obligaciones.
El 21 de octubre del 2020, en horas de la tarde, llegan los hoy imputados acompañados de otros funcionarios “subalternos”, quienes procedieron a sacar las mercaderías y dinero en efectivo del local.
Millonaria sustracción
Según detalla la carpeta de la Fiscalía, sacaron varias mercaderías, como ocho cajas de manzanas red (azul), una caja de manzanas red Vicente (azul), cinco cajas de manzana red Vicente (negro), cuatro cajas de manzana red Celestino, 22 cajas de manzana red verde, cinco cajas de manzana red star (naranja), y 26 cajas de manzana red Rivas (verde).
Además, se sustrajeron supuestamente diez cajas de manzana red Rivas de 10 kg, cuatro cajas de manzana red Rivas genéricas y 16 cajas de manzanas Grany Rivas.
Así también, fueron sacadas del local 18 cajas de peras Williams Rivas (negro) y 22 cajas de peras Williams Rivas.
Todos estos productos tendrían un valor de G. 20.290.000. Además de los productos, se habrían llevado la suma recaudada, consistente en G. 26.220.000, totalizando un perjuicio –según la Fiscalía– de G. 46.510.000.
También se denunció el hurto de una notebook, que también fue supuestamente requisada, pero nunca la devolvieron.
Supuestamente, por resolución administrativa de la Intendencia, de fecha 16 de octubre de ese año, se hizo el desalojo. Lo grave es que “no consta la devolución de las mercaderías a su propietario”. Tampoco figura que se devolvieron la suma de dinero ni la computadora denunciada.
El abogado Crescencio Nalerio, que representa a la víctima, explicó que nadie le devolvió sus productos y que los funcionarios se aprovecharon de la situación.
“Tarde o temprano se tiene que cumplir la ley, una fiscala ahora tomó coraje para imputar”, resaltó.
La fiscala, finalmente, pidió seis meses de tiempo para investigar el caso caratulado como un hecho de hurto.
