El concejal departamental colorado Víctor Fernández presentó en la mañana de este sábado en la mesa de entrada de la Junta Departamental la nota de renuncia del gobernador de Guairá, Juan Carlos Vera Báez (ANR).
La nota estaba en una escribanía, desde donde supuestamente le comunicaron al concejal Fernández que allí estaba el documento para la Junta Departamental, informó el corresponsal de Última Hora Richart González.
Tras esto, el edil se apersonó al lugar, retiró el escrito y presentó en la Junta Departamental. Cuando se estaba por tratar este sábado, el gobernador tuvo conocimiento de esa situación, por lo que retiró de nuevo el documento manifestando que el martes lo entregará oficialmente para que su dimisión sea tratada.
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Sin embargo, algunos concejales departamentales quisieron tratar la renuncia este sábado a pesar de que el gobernador retiró nuevamente la nota.
La intervención de la Gobernación del Guairá inició el 24 de junio pasado, luego de que la institución fuera foco de denuncias de un presunto despilfarro de unos USD 2 millones de los fondos de emergencia de Covid-19.
Pablo Adriano Vera Insaurralde fue designado por el Poder Ejecutivo para encargarse de la intervención en la sede gubernativa departamental.
Insaurralde informó que encontró las primeras irregularidades en el seno de la institución. Dijo que hay 300 funcionarios de los cuales la mayoría percibía sus haberes vía comisiones.
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De 300 funcionarios, solo 80 son nombrados y desde el jueves estuvieron cobrando sus respectivos salarios, no así el resto que anteriormente lo hacía vía comisiones de fomento y desarrollo, sin siquiera determinar el vínculo con la Gobernación.
Diego Sánchez, integrante del equipo que interviene la Gobernación del Guairá, indicó que este proceso tendrá una duración de tres meses y mientras tanto el gobernador fue apartado del cargo.
Por su parte, el gobernador de Guairá, Juan Carlos Vera Báez, había manifestado que se encuentra tranquilo, añadiendo que todo está en orden y que puso todo a disposición de los interventores.
La intervención se da tras la denuncia elevada por concejales departamentales por un presunto despilfarro de unos USD 2 millones transferidos a la institución para la reactivación económica por la pandemia del Covid-19.
Parte del dinero habría sido utilizado en varias obras realizadas durante la pandemia del Covid-19, entre ellas un pabellón respiratorio, planta de oxígeno, un gimnasio público, varios tinglados, entre otros.
