El gremio rechazó de manera categórica que su postura obedezca a disputas o intereses comerciales, enfatizando que se trata de un pedido genuino de igualdad ante la ley y transparencia para salvaguardar la solidez, estabilidad y confianza en el sistema financiero nacional .
Desde el gremio aclararon que sus observaciones ya habían sido planteadas de manera institucional y formal ante el ente regulador tanto en junio de 2025 como en setiembre de 2026, sin difusión pública previa.
Señalaron que, si bien valoran que el BCP haya respondido en plazo a la solicitud del Senado, el informe remitido es incompleto y deja interrogantes abiertas, advirtiendo además que una contestación de semejante trascendencia debió contar con la aprobación expresa del Directorio de la institución matriz.
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La principal inquietud del sector radica en la exposición crediticia de una entidad financiera hacia empresas vinculadas a su propio grupo económico y la razonabilidad de dichas operaciones.
La Asoban remarcó que estos procedimientos deben ajustarse estrictamente a la Ley de Bancos y que, conforme a las recomendaciones del Comité de Basilea, se debe priorizar la sustancia sobre la forma. Asimismo, recordaron que este tipo de información no es de carácter reservado y que únicamente la autoridad monetaria puede brindarla con claridad para otorgar certeza al mercado.
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Finalmente, el gremio bancario instó al BCP a no esperar la conclusión de un sumario administrativo para aplicar medidas correctivas. Apoyándose en la Ley N.° 2334/03, remarcaron que el proceso de regularización puede ejecutarse de manera inmediata y sin perjuicio de las sanciones posteriores, alertando que un sumario puede prolongarse por años y que la falta de corrección oportuna de las irregularidades genera un impacto negativo para todo el sistema.
