- Richart González
- VILLARRICA
El interventor de la Gobernación del Guairá, Pablo Vera Insaurralde, informó que encontró las primeras irregularidades en el seno de la institución. Dijo qué hay 300 funcionarios de los cuales la mayoría percibía sus haberes vía comisiones.
De 300 funcionarios, solo 80 son nombrados y desde el jueves estuvieron cobrando sus respectivos salarios, no así el resto que anteriormente lo hacía vía comisiones de fomento y desarrollo, sin siquiera determinar el vínculo con la Gobernación.
Ayer, el interventor se apersonó a la Junta Departamental, donde indicó que buscan que la labor en la institución sea lo más transparente posible, para dilucidar la denuncia de los ediles por la presunta malversación de unos USD 2 millones.
Agregó que con su equipo han encontrado muchas irregularidades en cuanto al pago a funcionarios, ya que tras comenzar a abonar los salarios se encontraron con personas que cobraban pero a través de comisiones.
“Encontramos muchas desprolijidades con el pago al funcionariado. Es increíble la forma en que se manejaban. Vamos a evaluar con el equipo para pedir la presencia de la Contraloría. Cuando contemos con documentos que prueban las denuncias podemos remitir al Ministerio Público. Las denuncias a simple vista son ciertas. Muchas irregularidades y las acusaciones realizadas contra esta administración son ciertas. Si bien la intervención culmina en 90 días, nosotros en 60 días ya tenemos que presentar un informe”, refirió.
El interventor habló en el seno de la Junta Departamental, que ayer convocó a una sesión extraordinaria para tratar el tema de la intervención. En dicha sesión solo estuvieron los concejales Richard Peralta, Carlos Caballero, Rutilio Meza, Inocencio Ruiz Díaz, Luis Dure, Édgar Nito Chávez, Víctor Ortigoza, Juan Rojas y el presidente de la Junta Guido Girala. Estuvieron ausentes los concejales Víctor Fernández, María Magdalena Benítez, Lilian Martínez, Cristina Echauri y Jorge Vázquez.
Denuncias. La intervención comenzó la semana pasada, luego de que la Cámara de Diputados diera la venia para la fiscalización tras las denuncias de irregularidades en la gestión del gobernador cartista Juan Carlos Vera. La denuncia fue hecha en primera instancia por la Junta Departamental y luego por la Subsecretaría de Estado de Tributación.
Los concejales departamentales presentaron 13 denuncias, entre las cuales se señalan la transgresión del artículo 60 de la Ley 1626/2000 de la Función Pública, por contar con funcionarios de la Gobernación en las comisiones que recibieron dinero de la institución; indicios de sobrefacturación en construcción de pozos artesianos; inversión de G. 3.000 millones en la construcción de planta generadora de oxígeno que no funciona; construcción de empedrados por G. 4.347 millones entre otros. La SET por su parte denunció uso de facturas clonadas o de contenido falso; obstrucción a la investigación, etc.
Las denuncias son ciertas. Muchas irregularidades y las acusaciones realizadas son ciertas. Pablo Vera, interventor.
Interventor pide que no se desvirtúe su tarea
El interventor de la Gobernación del Guairá, Pablo Vera, dijo que está limpio y que sus antecedentes fueron aclarados, por lo que pidió que su trabajo no sea desvirtuado.
Confirmó que no puede firmar cheques por una inhabilitación del Banco Visión del año 2014 al 2017, que ya debió ser levantada.
Relató que estando fuera de la función pública se dedicaba al comercio y tuvo problemas económicos, por lo que le rebotaron cheques, pero no porque se hayan emitido sin fondo.
En cuanto a la imputación por producción mediata de documentos públicos de contenido falso, explicó que fue producto de una operación comercial por una compra de inmueble en 2013. Mencionó que realizó el trámite por escribanía incluyendo pagos y transferencias. Sin embargo, los vendedores, más tarde, quisieron volver a efectuar el cobro, a lo que Vera responde que ya pagó. “Y no tuvo mejor opción que denunciar ante la Fiscalía en 2017, pero tengo tres pedidos de sobreseimiento por esa causa”, aclaró.
Vera indicó que aguarda que el Juzgado se expida y que el caso no tiene nada que ver con sus tareas en la función pública.
En cuanto a su despido del Ministerio del Interior en 2010, contó que sucedió cuando Rafael Filizzola era ministro y fue una medida “arbitraria”, pero tras una demanda, fue repuesto en el cargo en 2019. “Se inició un sumario por rehusarme a firmar dictámenes que me solicitó el director jurídico. No hay nada que ocultar, todo lo que hago es transparente”, recalcó.
Si utilizan eso para desvirtuar el trabajo que hacemos en intervención están apuntando a otro lado. Pablo Vera, interventor de Guairá.
