El titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Jorge Bogarín, puso a consideración de los miembros el pedido de apertura de una investigación preliminar por un supuesto hecho de inacción fiscal, el cual fue aprobado por el pleno.
El caso guarda relación a una denuncia hecha por la senadora Desirée Masi, quien expuso el informe filtrado del Comando Tripartito, en el cual se informó nueve meses antes del operativo A Ultranza sobre el esquema liderado por el hoy prófugo, Sebastián Marset.
La legisladora reveló que el Comando Tripartito recibió la información desde Uruguay y la remitieron al fiscal contra el Crimen Organizado, Lorenzo Lezcano, en mayo del año 2021.
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Actualmente, Marset está imputado y con orden de captura por tráfico internacional de drogas, asociación criminal y comercialización de sustancias ilícitas, en el marco del operativo A Ultranza, que logró desarticular una red para el envío de drogas al exterior. También habría ordenado el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, junto al clan Insfrán, según un medio colombiano.
Pese a que el informe detallaba todo el esquema con fotos de los que hoy se encuentran procesados por el operativo A Ultranza, el Ministerio Público no actuó.
Además, un mes después de dicho informe, en junio del 2021, Marset huyó del país y en setiembre fue asesinado a tiros Mauricio Schwartzman, quien también era sindicado dentro del esquema.
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La senadora recordó que Marset había sido detenido ya junto al piloto Juan Domingo Viveros Cartes, tío del ex presidente y hombre fuerte de la política, Horacio Cartes, por una carga de 450 kilos de marihuana ingresada al Uruguay en el 2013.
Incluso, el subcomisario Fernando Ariel Ruiz Díaz Ortega, quien en abril de este año sufrió un atentado en el que intentaron acabar con su vida, había hecho seguimiento del informe y adjuntó fotos de Marset, Federico Santoro y el empresario Alberto Koube tomando café antes de la salida del presunto líder del país.
Koube se encuentra detenido y procesado por presuntamente lavar activos de la organización, de la cual se incautaron bienes por más de USD 100 millones, además de la detención de otras 11 personas y una gran cantidad de prófugos.
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El empresario es el único detenido de entre los que figuraban en el informe inicial como parte del esquema, ya que también estaba el brasileño Lindomar Reges Furtado, con 67 órdenes de captura en Brasil por tráfico internacional de drogas y logró escapar durante un fallido allanamiento fiscal-policial en el Paraná Country Club, además de Marlos Douglas Santos Silva, Alexis Vidal González, Nicodemo Finken y Federico Santoro.
Santoro tenía una causa del 2009 ya por trata de personas y recientemente fue citado como la persona que recibió al avión iraní-venezolano, el cual adquirió cigarrillos de la empresa Tabesa, del ex presidente, Horacio Cartes, y levantó las alarmas por estar presuntamente vinculado al terrorismo.
A raíz de la filtración del informe, la senadora pidió al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que disponga la apertura de una investigación por inacción fiscal, ya que alega que dejaron escapar a Marset y también pudieron haber intervenido antes de la muerte de Schwartzman.
