El fiscal René Fernández, en conferencia de prensa, indicó que el allanamiento a la vivienda del senador colorado Óscar González Daher se dio luego de que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) haya enviado un reporte en el cual revela que supuestamente existen inconsistencias económicas en una firma vinculada con el legislador.
El representante del Ministerio Público explicó que los movimientos bancarios y financieros no coinciden con lo que había declarado la empresa inmobiliaria Príncipe di Savoia SA.
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Fernández expresó que, tras constatarse que la empresa investigada tenía ubicación física en la casa del senador cartista, el allanamiento fue suspendido.
“En vista de que el domicilio es de un senador con fueros, hemos decidido suspender el procedimiento, pero la causa sigue. Los hechos atribuidos vinculan a varias personas”, aclaró.
Además, comentó que la orden de allanamiento fue solicitada para una empresa dedicada al rubro inmobiliario y que desconocía que la misma tenía como dirección la vivienda del senador colorado, informó la periodista de Última Hora, Marcia Martínez.
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“Hemos constatado que en esa dirección, además de estar constituida una sociedad anónima, es el domicilio particular del senador Óscar González Daher, hecho que desconocíamos al momento de la solicitud de la orden de allanamiento”, refirió.
El fiscal mencionó que la empresa investigada tiene movimientos de operaciones con sumas bastante importantes, sin embargo, no quiso dar números exactos. “No podemos hablar de una cuantificación”, agregó.
Además, Fernández no supo explicar la vinculación de González Daher con la empresa, así como tampoco quiso dar a conocer el nombre del director de la inmobiliaria. “Está vinculado (González Daher), no puedo dar exactamente el grado de vinculación”, insistió.
La carátula de la investigación sería “Sospecha de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión de impuestos”. En el primer punto, se debería a que existen funcionarios de la Municipalidad de Luque y del Congreso Nacional que figuran como empleados de la inmobiliaria, quienes serían Óscar Rubén González Chávez (concejal de la Municipalidad) y María Emilia González Chávez (superintendenta de Responsabilidad Social de Itaipú), ambos son hijos del senador.
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“Estamos hablando de varias personas que hacen movimientos financieros y bancarios, que una vez contrastados con los ingresos legales, con las fuentes de ingresos conocidos, no existen consistencias”, añadió.
Fernández mencionó que tanto el senador como sus representantes se pusieron a disposición de las autoridades y que los mismos deberán presentar los documentos requeridos en las próximas 48 horas. “Solamente, la manifestación de él y de sus abogados fue de que se ponía a disposición y que presentarían los documentos solicitados”, puntualizó.
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