En diciembre de 2021, Roberto Cárdenas había sido condenado por lesión de confianza y actividades peligrosas en la construcción; la Fiscalía probó que el ex intendente de Lambaré causó un perjuicio patrimonial de G. 859.559.192 de recursos transferidos al Municipio, provenientes de royalties de la Itaipú. Hace un año, la Sala Constitucional de la Corte había rechazado un recurso de aclaratoria presentado por Cárdenas contra un acuerdo y sentencia.
Desde su condena en 2021 hasta noviembre del año 2024, cuando se terminaron los recursos y tuvo que ser encarcelado, Cárdenas se convirtió en una especie de símbolo de la chicanería judicial. Y lamentablemente, al mismo tiempo, se convirtió también en una comprobación más de la permisividad de nuestra Justicia.
El ex intendente colorado acumulaba procesos desde 2015 después de que parte de las aulas del Colegio Nacional de Lambaré se derrumbaran sobre 16 alumnos que estaban dando clases. Hubo sospechas sobre la obra en el sentido de que se habrían utilizado materiales de mala calidad y sobrefacturación de costos. Cárdenas llegó a acumular cinco causas, y en la mayoría de ellas apenas recibió condenas de dos años, con suspensión de la pena.
El apelativo de político, “chicanero serial” tampoco es elogioso para nuestra Justicia. Resulta más que evidente que las instancias del Poder Judicial deberían ser más expeditivas y más firmas para rechazar las chicanas, de lo contrario aparecen complacientes, avalando de este modo la impunidad y ayudando a deteriorar aún más la imagen internacional de un país en donde las autoridades acusadas de enriquecerse ilegalmente con el dinero público acaban evadiendo muy fácilmente ir a la cárcel. Es tiempo de poner fin a estas avivadas que cuestionan la independencia de la Justicia.
Un aplastante informe que había sido presentado a mitad de año, por el Observatorio de Causas Emblemáticas del Poder Judicial, señalaba que, en cuanto a corrupción pública en Paraguay, de 32 casos contra intendentes y 6 contra gobernadores, solamente uno de ellos se encuentra en prisión. Estamos hablando de Samuel González, ex intendente de Arroyito, sentenciado a cinco años de cárcel, y está cumpliendo condena desde este año, después de haber sido apresado en la vía pública.
Decía también el reporte que los demás están condenados, pero libres, o forzando al máximo las chicanas para no llegar a juicio. Un detalle muy significativo refiere que la mayoría de los intendentes y gobernadores están en libertad ambulatoria, y algunos lograron incluso sobreseimientos definitivos, principalmente por prescripción, extinción o negociaciones políticas.
Además de exponer las debilidades del sistema de Justicia, con procesos que padecen interminables moras o jueces que simplemente no impulsan los expedientes, estos hechos al final configuran la condenable impunidad para estas personas que fueron electas para servir a sus comunidades.
La corrupción pública; es decir, la mala utilización de los recursos públicos tiene en sí misma una larga cadena de víctimas. La autoridad, al hacer mal uso de los recursos deja de prestar servicios a la población, y deja a las personas sin esos recursos que debían ser utilizados para obras que tenían por finalidad aportar a la calidad de vida de las personas.
Las condenas a las autoridades corruptas deben ser cumplidas, pero al mismo tiempo urge hallar la manera que la misma impunidad no permita que esos recursos mal administrados se pierdan, sino que retornen a las comunidades donde son tan necesarios. Pues debe quedar claro que los recursos públicos de los ministerios, las intendencias y gobernaciones pertenecen a todos los paraguayos.
