El intendente de San Antonio, Raúl Mendoza, fue convocado a una audiencia preliminar ante el Juzgado de Lambaré, donde se definirá si se eleva la causa a juicio oral y público por el supuesto hecho de lesión de confianza, por un faltante de G. 715.303.500 denunciado en el 2015.
En mayo del año pasado, tras varios recursos dilatorios, la agente fiscal María José Pérez formuló acusación contra el jefe comunal. El Ministerio Público alega que se pudieron comprobar las irregularidades en la construcción de aulas y la provisión de merienda escolar, en las escuelas San Miguel y Oñondivepa de San Antonio.
La Fiscalía sostiene que se colectó pericias contables y de auditoría externa que dieron un resultado final de la existencia del daño patrimonial, además de varios informes del Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República.
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Entretanto, la pericia de obras forenses constató la sobreactuación en la construcción de aulas, en las escuelas beneficiadas con los fondos de Fonacide, lo que forma parte del cúmulo probatorio.
Según los antecedentes, el 26 de octubre de 2015, varios miembros de comisiones vecinales presentaron una denuncia contra Mendoza y dieron a conocer documentos que demuestran que realmente no se utilizaron los fondos destinados para merienda escolar, así como para construcción de aulas, en el marco de los fondos del Fonacide, como figuraban en la Municipalidad.
En agosto del año pasado, un grupo de ciudadanos presentó una nueva denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción contra el intendente de la comunidad y contra sus familiares por un supuesto perjuicio patrimonial de G. 23.500 millones.
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A pesar del hecho, Mendoza ya fue liberado en dos ocasiones por la Cámara de Diputados que rechazó la intervención de su gestión.
Ciudadanos montan carpa de resistencia
Ante esta situación, un grupo de ciudadanos autoconvocados montaron una carpa de la resistencia frente a la Municipalidad de San Antonio, solicitando la urgente renuncia del intendente.
Además de las dos denuncias, los manifestantes piden la salida de la autoridad comunal por la falta de transparencia en el manejo de los recursos municipales, considerando que los concejales vienen rechazando la rendición de cuentas anual de la intendencia desde el 2015 hasta el 2020.
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Los ciudadanos autoconvocados advierten que se mantendrán en vigilia hasta el lunes, fecha en la que se trasladarán hasta el Juzgado de Lambaré, donde la causa se encuentra a cargo de la jueza Isabel Casco.
