En su primer periodo como intendente (2010-2015), Mendoza habría cometido un perjuicio patrimonial millonario. El político es uno de los tantos intendentes imputados en el país que aprovechando la pandemia operó en el mes de junio solicitando la extinción de su causa.
En una maniobra con el ujier, solo la defensa había sido notificada para que el pasado 23 de junio se presente ante el juez. La fiscala María José Pérez, sin embargo, tenía entendido que la fecha para realizar la diligencia para Mendoza era el 25 de junio, pues no fue notificada de cambio alguno.
Enterada de esto, solicitó al juzgado penal que no haga lugar al incidente “de extinción de juicio” solicitado por el cuestionado intendente.
Pérez dijo que los incidentes no son nuevos en este caso, por lo que por fin pudo realizar la acusación. La audiencia en el juzgado de San Lorenzo se finiquitó ayer.
De hecho, Mendoza ya recusó a la fiscala en cuatro ocasiones y la última vez la propia Corte Suprema de Justicia intervino para reponer a Pérez en la causa.
La agente señaló que contaba con elementos probatorios para la acusación, entre ellos una auditoría externa de gestión, cuyo resultante fue el hallazgo de que Mendoza dañó patrimonialmente a la comuna en unos G. 600 millones.
Reacción. A raíz de que Mendoza sabía lo que se le venía, preparó ayer una resolución de suspensión de actividades en el Municipio hasta agosto, alegando razones de pandemia.
Sin embargo, pese a las chicanas y trabas que impulsa, la Fiscalía lo acusó.
