Una verdadera fiesta ciudadana se vivió este jueves en el distrito de Maracaná, Departamento de Canindeyú, luego de que el intendente José Cantero obtuviera una medida alternativa a la prisión.
Su libertad ambulatoria se logró a casi 12 horas de audiencia ante la Justicia.
El jefe comunal fue imputado por la fiscala Inés Estigarribia por los presuntos hechos punibles de frustración de la persecución penal, coacción y apología del delito, en el marco de una causa por presunta invasión de inmueble.
Al político liberal se lo vincula por el respaldo brindado a 250 familias campesinas que la semana pasada fueron violentamente desalojadas del asentamiento San Miguel.
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Durante la extensa jornada judicial, Cantero permaneció sentado en el banquillo de los acusados, mientras que alrededor de mil personas se congregaban en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Curuguaty para expresar su apoyo incondicional.
Los ciudadanos portaron pancartas, banderas y elevaron sus voces a favor del intendente.
Al término de la audiencia, el juez interviniente resolvió concederle medidas alternativas a la prisión, permitiéndole regresar a su comunidad mientras continúa el proceso judicial.
La noticia fue recibida con júbilo por la multitud, que lo escoltó de vuelta a su distrito en una caravana de vehículos y motocicletas, entre aplausos, cánticos y señales de afecto.
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En declaraciones a la prensa, Cantero denunció una persecución política y judicial en su contra, calificando su proceso como un “acto de terrorismo de Estado” por el solo hecho de asistir a familias humildes que quedaron en situación de calle tras el desalojo.
“Ayudar a la gente humilde no puede ser considerado un delito. Este proceso es una clara muestra de cómo se criminaliza la solidaridad y se utiliza la Justicia para perseguir a quienes defienden a los más necesitados”, sostuvo.
En redes sociales y medios alternativos locales, diversos sectores sociales coincidieron en señalar un trasfondo político en la imputación, aludiendo a que Cantero ha sido un activo defensor de los derechos campesinos en la región, donde las tensiones por el acceso a la tierra continúan generando conflictos de alta sensibilidad social.
