Más de 250 familias fueron expulsadas de un asentamiento que ocupaban desde hace nueve años. Organizaciones sociales advierten sobre la creciente tensión y la urgencia de buscar soluciones dialogadas para evitar una tragedia similar a la de Curuguaty en 2012.
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El violento desalojo tuvo lugar en la mañana de este martes en la localidad de Maracaná, Departamento de Canindeyú, donde más de 400 efectivos policiales irrumpieron en el asentamiento campesino San Miguel.
La intervención dejó como resultado al suboficial segundo Geihsel Pérez, de la FOPE, y al campesino Pablo Acosta con heridas, tras un enfrentamiento durante el procedimiento.
El operativo afectó a unas 250 familias que, según afirmaron, habitaban el lugar desde hace nueve años y estaban en proceso de gestión ante el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
La comunidad contaba con una escuela, una capilla, cinco pozos artesianos y extensas áreas de cultivo, incluyendo más de 300 hectáreas de piña y otros productos de subsistencia, los cuales fueron destruidos durante la intervención, denunciaron los desalojados.
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Según los testimonios de los campesinos, el desalojo fue ejecutado de forma violenta, con disparos al aire y sin orden judicial visible.
Las familias huyeron hacia zonas boscosas cercanas, dejando atrás sus pertenencias, viviendas y cultivos.
“Vinieron disparando a mansalva, quemaron todo, derribaron nuestras casas. Nosotros no sabíamos de quién era esta tierra, siempre supimos que era fiscal y por eso hicimos trámites con el Indert, pero ahora aparece un señor diciendo que es dueño y que es pariente de una política de Canindeyú”, denunció uno de los pobladores.
Uno de los elementos más preocupantes del operativo fue la destrucción del puente sobre el río Curuguaty’i, que unía los departamentos de San Pedro y Canindeyú. Una retroexcavadora fue utilizada para derribar la estructura, aislando aún más a las comunidades afectadas.
El comisario principal Rafael González, director de la Policía del Departamento de Canindeyú y responsable del operativo, evitó brindar declaraciones a los medios de comunicación.
El episodio revive el doloroso recuerdo de la masacre de Curuguaty, ocurrida en junio del 2012, cuando un intento de desalojo terminó con la muerte de 11 campesinos y seis policías, marcando un antes y un después en la historia social y política del Paraguay.
Diversos sectores sociales han advertido que sin una política clara de acceso a la tierra y sin canales de diálogo efectivos, este tipo de intervenciones pueden terminar nuevamente en tragedia.
Organizaciones campesinas y de derechos humanos exigen una investigación sobre el uso de la fuerza en el procedimiento y reclaman al Estado paraguayo que retome una agenda de reforma agraria con enfoque de derechos, evitando que la violencia sea la única respuesta ante los conflictos por la tierra.
