La fiscala Inés Estigarribia ordenó la detención del intendente del distrito de Maracaná, José Cantero, en el marco de una investigación por presunta invasión de inmueble.
El hecho guarda relación con el asentamiento San Miguel, ubicado en el segundo encuadre de Maracaná, Departamento de Canindeyú, donde recientemente se llevó a cabo un violento desalojo de 250 familias que ocupaban el lugar hace nueve años.
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La intervención fiscal se da tras detectarse supuestas vinculaciones del jefe comunal con los ocupantes del inmueble.
Según la versión que maneja el Ministerio Público, el político liberal habría tenido participación directa o indirecta en el impulso de la ocupación, lo que motivó la emisión de una orden de captura en su contra.
Consultado al respecto, José Cantero rechazó enfáticamente las acusaciones en una entrevista reciente. Anunció que se presentará voluntariamente ante la Fiscalía en los próximos días y calificó el proceso en su contra como un caso de “terrorismo de Estado”.
“Esto es una persecución política. Quieren criminalizarme por defender a compatriotas que no tienen dónde vivir. Estoy tranquilo y me voy a presentar a declarar como corresponde”, expresó el intendente.
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Sin embargo, versiones extraoficiales sostienen que el conflicto tendría trasfondo económico. El intendente de Maracaná explicó que él acompañó, junto a su funcionario de Codeni, el desalojo tras un pedido que realizaron funcionarios del Ministerio del Interior.
La situación genera una nueva polémica en la región, donde los casos de ocupación de tierras y desalojos suelen generar tensiones sociales, especialmente cuando involucran a autoridades locales.
