El juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia revocó la libertad ambulatoria, decretó la prisión preventiva y ordenó la captura inmediata de la intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández (PLRA), acusada por un supuesto perjuicio de más de G. 1.000 millones.
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La medida se da por los numerosos planteamientos que evitaron realizar la preliminar desde hace dos años, a más de incumplir las condiciones de la medida cautelar.
La intendenta Fernández, junto a otras 12 personas, está acusada por lesión de confianza, ya que supuestamente estaría implicada en negocios con constructoras de obras con otros funcionarios municipales para desfalcar la Comuna de Valenzuela por G. 1.199 millones, provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y royalties durante el año 2019.
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Los concejales anuncian una posible nueva imputación por supuestas obras fantasmas que presentaron y sería por lesión de confianza, obras fantasmas y la utilización de cheques de la institución que se emitieron con otros fines.
