Desde el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) recordaron que los casos conocidos como Perlita, el de la niñera de oro y los caseros de oro se descubrieron gracias a iniciativas ciudadanas.
Asimismo, señalaron que solo estos casos y otros tres analizados le costaron al Estado más de G. 76.500 millones, con los cuales se podrían haber construido escuelas, mejorar la salud pública e invertido en infraestructura, mejorando la calidad de vida de todas las personas.
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Asimismo, la organización recalca que con mayor transparencia en todos los estamentos públicos habrá menos chances para que los servidores públicos y autoridades se expongan a hechos ilícitos.
Entre tanto, remarcaron que la Ley 5282/14 de Acceso a la Información Pública es la principal herramienta para la transparencia con la que cuentan los ciudadanos.
“Con un simple pedido desde tu celular estás ayudando a desnudar casos y a ejercer presión para que los servidores públicos cumplan con su trabajo. Unite a nosotros, con más control ciudadano habrá menos corrupción e impunidad, la transparencia hace la diferencia”, manifestaron en una campaña recientemente.
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El caso Perlita
Perla Paredes Acosta, hija de la diputada colorada Perla de Vázquez, fue condenada en julio del año 2014 por producción indebida de certificados sobre méritos y servicios, uso de certificado sobre méritos y servicios de contenido falso en carácter de autora y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso en carácter de instigadora.
En ese sentido, la Justicia comprobó que la hija de la diputada percibía cinco salarios del Estado, por lo que debió devolver G. 400 millones y prestar dos años de trabajo comunitario para no ir a prisión.
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Caso niñera de oro
El ex senador Víctor Bogado y la niñera de sus hijos, Gabriela Quintana, fueron condenados por cobro indebido de honorarios, en la causa conocida como Niñera de oro.
Quintana percibía dos salarios del Estado, uno de la Cámara de Diputados y otro de la Itaipú Binacional. La niñera llegó a cobrar G. 71 millones.
Ambos quedaron salvados de ir a prisión y el ex senador debe devolver G. 480 millones en un periodo de dos años.
Caseros de Oro
El juez Julián López favoreció al diputado José María Ibáñez y a su esposa por el caso conocido como Caseros de oro, otorgándole una suspensión condicional bajo la promesa de reparar el daño social a través de la compra de un generador y otras donaciones por valor de G. 5 millones y la devolución de G. 30 millones.
El ex legislador había hecho figurar como funcionarios del Congreso a tres hombres que prestaban servicios en su casa de campo en la ciudad de Areguá, con un sueldo de G. 2.500.000.
