La fiscala Yeimy Adle imputó al actual presidente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), Pastor Soria, y a otras diez personas que habrían formado parte de un “esquema” de cobro ilegal de aranceles para autorizar la expedición del certificado que habilita la importación de productos frutihortícolas.
En agosto del 2023, al asumir Soria como titular de la entidad, ya nombró a funcionarios en cargos de confianza. Designó como titular de la Secretaría General a su sobrino Miguel Ángel Báez Soria y a otros más de su círculo en cargos directivos.
Sin embargo, el año pasado en marzo del 2024, Karen Leguizamón, presidenta de la Asociación con Capacidad Restringida de Importadores y Comerciantes de Papas y Cebollas (Asicopace), del Mercado Abasto de Asunción, denunció que estaban exigiendo a los comerciantes pagos indebidos.
El pedido llegaba incluso a G. 10 millones a fin de autorizar el certificado de Acreditación Fitosanitaria de Importación (Afidi) que se requiere para importar los productos frutihortícolas, como tomates, papas y cebollas.
La Fiscalía hizo hincapié que el costo oficial por dicho certificado es de solo G. 17.715.
Tras una investigación, se concluye que entre diciembre del 2023 y abril del 2024, varios importadores se encontraron con problemas con Senave, ya que no les expedían los certificados.
Mientras, sus productos estaban en las fronteras “expuestos al calor del sol, a la espera de ser introducidos legalmente al Paraguay”.
¿Cuál era el modus operandi?
La fiscala Yeimy Adle explicó que Soria, como presidente, formó un “esquema organizado” y era el que facilitaba supuestamente los teléfonos de sus funcionarios a los importadores cuando estos se quejaban de las “excesivas demoras”.
Al final, todos salían ganando un poco de dinero.
El esquema estuvo conformado así por Ramona Ysabel Arce, nexo con los funcionarios, ella habría agilizado las aprobaciones de las Afidi a cambio de sumas de dinero en efectivo.
Plinio Alcibidades Gamarra, también otro de los nexos, apresuró la aprobación de los certificados a cambio de transferencias a su cuenta, dinero luego trasferido supuestamente al presidente Pastor Soria.
Sergio Marcos Rodríguez, funcionario del Senave, quien se encargaba del control de cargas en el Mercado de Abasto, habría exigido a importadores dinero transferido a Plinio. Y para él también pedía cierto monto, según la Fiscalía.
Del esquema también habrían participado el director de Protección Vegetal, Herminio David Batte, quien verificaba las autorizaciones de las Afidi que ingresaban a la Ventana Única del Importador; y Juan José Lezcano, inspector oficial de Puerto Falcón.
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Estos autorizaban “de forma inmediata” las acreditaciones “luego de que los importadores se veían obligados al pago fuera de los cánones legalmente establecidos”.
Los hechos
El presidente del Senave, Pastor Emilio Soria, fue imputado por cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado, asociación criminal y lavado de dinero.
También están imputados Miguel Ángel Báez Soria (sobrino del presidente), Martín Lezcano (titular de la Secretaría de Gabinete), Herminio David Batte (director de Protección Vegetal), Juan José Lezcano del Puerto, o Inspector Oficial Autorizado (IOA) y Sergio Marcos Rodríguez, funcionario de Senave.
Además, está el ex intendente de Lambaré Roberto Cárdenas Ramírez, encargado de agilizar la obtención de las acreditaciones; Víctor Manuel Leiva, quien trabajaba con Cárdenas, así como Ramona Ysabel Arce Ramírez, Plinio Alcibíades Gamarra Morel, Eladio Figueredo.
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