La denuncia comenzó porque importadores estaban pagando entre G. 10 y 13 millones a supuestos gestores por esas constancias que, en realidad, tienen un costo de tan solo G. 17.000.
El fiscal explicó que estos importadores necesitaban traer productos frutihortícolas y para ello requerían permiso de Senave, permiso que por algún motivo se les estaba negando.
Entonces, “en esa situación de necesidad”, recurrían a un gestor y aquí es donde aparece el ex intendente de Lambaré Roberto Cárdenas, quien supuestamente facilitaba contactos con funcionarios públicos a los gestores.
Estos últimos actuaban en representación de los empleados públicos y hacían el supuesto cobro indebido.
Estas constancias terminaban emitiéndose a partir de un pago indebido por parte de importadores.
La denuncia la había hecho una supuesta víctima, por lo que ayer se hizo una entrega vigilada, donde cayó detenido Víctor Manuel Leiva Cardozo (42), quien fue encontrado con la evidencia en la mano.
Este procedimiento se hizo en el estacionamiento del Mercado de Abasto de Asunción.
Su celular y una camioneta de la marca Nissan fueron incautados.
Él está siendo investigado por supuesto cohecho pasivo agravado (coima).
Además, se hicieron dos allanamientos, uno en la sede de la Senave, donde incautaron documentos.
El otro operativo se hizo en la vivienda de Cárdenas, cuyo celular fue incautado para una pericia que busca confirmar o descartar si tenía vínculos con funcionarios públicos.
“Roberto Cárdenas sería un eslabón dentro de la cadena”, porque sería quien facilitaba los contactos de funcionarios públicos, explicó el fiscal Coronel, quien no descartó que más personas estén involucradas en la investigación.
PAGARON. Confirmó también que ya varias personas pagaron los elevados montos para acceder al certificado.
Según datos oficiales, el costo de la constancia, que se llama Acreditación Fitosanitaria de Importación (Afidi) es de tan solo G. 17.000.
Eso, sí, al momento de hacer la inspección, la tasa que se abona es de G. 31 por cada kilo del producto, más G. 570 por cada caja etiquetada, por lo que el costo por carga para acceder a la importación rondaría apenas los G. 2 millones, que sigue siendo un monto mucho menor a lo que pagaban, denunciaron.
El fiscal aseguró que busca encontrar la ruta desde que solicitaban la constancia hasta que se emitía.
