Margarita Portillo ya pagó más de G. 100 millones por deudas que asegura haber cancelado en su totalidad. Se trata de cuatro créditos de G. 3 millones que ella sacó de la firma Serfin SA, a través de la Asociación Mutual del Hospital de Clínicas (Amuclin), del que ella formaba parte como funcionaria.
A través de descuentos automáticos, se le descontó todo lo que debía, pero, llamativamente, en el 2015 se desencadenó una seguidilla de embargos judiciales que ella no puede explicar hasta ahora, ya que todo estaba cancelado.
Y vinieron embargo tras embargo y el monto más alto que le debitaron fue de G. 26 millones antes de jubilarse. Una vez que salió de sus funciones, nuevamente le llegó otro débito, esta vez de su jubilación, lamenta la mujer.
Ver más: Piden investigar a seis jueces que tenían casos de pagarés
“Soy una persona que suelo deber, no niego eso, pero siempre que debí, se me descontó automáticamente de mi salario, soy muy cuidadosa de ese lado. Nunca me quedaba con saldo atrasado”
“Nunca nos devolvieron nuestros pagarés. Siempre nosotros pedíamos y la secretaria, con la excusa de que tenía mucho trabajo, y así nos íbamos relajando también”, dice doña Margarita, quien sigue sin poder recuperar el dinero que se le sacó.
“Soy una persona que suelo deber, no niego eso, pero siempre que debí, se me descontó automáticamente de mi salario, soy muy cuidadosa de ese lado. Nunca me quedaba con saldo atrasado”, comenta la mujer.
Lo más triste –cuenta ella– es que hasta ahora no accedió a un solo comprobante de lo que se le llegó a embargar, mes a mes, año tras año, y ahora busca poder acceder a esos documentos para recuperar su dinero.
Denuncian un esquema contra enfermeras
La Comisión de Investigación de la Mafia de Pagarés en el Senado presentó una denuncia ante la Fiscalía, contra una presunta red que estafó a enfermeras jubiladas del Hospital de Clínicas. Hay cuatro denunciados, pero también piden investigar a seis jueces sumariados por la Corte Suprema de Justicia.
Se denunció un posible esquema organizado para reutilizar pagarés cancelados, vender deudas y exigir a deudos fantasmas.
Lea también: Comisión de Mafia de Pagarés denuncia en Fiscalía un esquema organizado contra enfermeras
Se habla de un esquema formado entre funcionarios de la extinta Asociación Mutual del Hospital de Clínicas (Amuclin) y terceras personas que compraron los derechos de la Aso para demandar sobre deudas falsas. Con esto, una deuda ya pagada servía de base para sucesivos embargos y acciones judiciales contra la misma persona.
Los denunciados son la ex presidenta de Amuclin Clara María Benítez de Caballero, quien recibía pagarés cancelados y que luego los habría vendido para demandar; la abogada Lourdes Aranda (ya acusada en otra causa), quien iniciaba los juicios.
También se denunció a la pareja integrada por Julia Mabel Acosta Benítez (docente del Ministerio de Educación) y Fabio Ubaldo Molinas Saldívar (oficial de justicia en los juicios), quienes adquirieron los derechos de la Aso y demandaron a más de 40 víctimas.
El último en la lista es el abogado Carlos Enrique Lara.
